El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) contra los ministerios de Salud y de Hacienda, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES) para proteger los derechos colectivos a la salubridad pública y el acceso al servicio de salud en condiciones eficientes.
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Según la organización, las omisiones institucionales están poniendo en riesgo vidas humanas y la intervención de la justicia es esencial para ordenar medidas urgentes y obligatorias para el Gobierno.
En la demanda, la Fundación señaló que dichas omisiones institucionales generan perjuicios irreparables para miles de pacientes, cuyas vidas están en peligro debido al desabastecimiento y que se requieren medidas urgentes. Además, expuso que las autoridades no han implementado las medidas necesarias para solucionar la situación y que han tomado decisiones que obstaculizan el suministro adecuado de medicamentos.
En un comunicado de prensa, la organización dijo que las medidas que solicitaron buscan responder a las causas del desabastecimiento (trámites estancados, demoras en importaciones, falta de stock) y a los factores estructurales (déficit de financiamiento, debilidades institucionales en regulación y vigilancia).
Entre ellas, se destacan órdenes urgentes al Gobierno de Gustavo Petro relacionadas con el financiamiento y flujo de recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) para costear el valor de los fármacos y la agilización de trámites en el Invima para atender oportunamente las solicitudes de los registros sanitarios y la creación de un comité de seguimiento interinstitucional.
El director de la Fundación para el Estado de Derecho, Andrés Caro, expresó al respecto que “esta situación no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de fallas administrativas y financieras atribuibles a varias entidades del Estado. Los derechos colectivos, como el acceso a medicamentos y a servicios públicos de salud dignos, no pueden seguir siendo vulnerados.
Por eso, la admisión de nuestra acción es fundamental ya que inicia un foro en que el Tribunal podrá ordenarle al Gobierno tomar las medidas necesarias para resolver una crisis cada vez más evidente y grave”.
En su acción legal, esta organización hizo un llamado al Gobierno nacional para que asuma su responsabilidad y garantice el derecho a la salud.
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