El reloj hace “tic-tac, tic-tac” contando tiempo en contra de los pacientes de Colombia. El tiempo corre y no se ven soluciones de fondo y estructurales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta situación —que organizaciones de salud han calificado como crisis humanitaria— la están viviendo millones de afiliados al sistema de salud y parte de una problemática casi que sobrediagnosticada y que hasta la Corte Constitucional ha secundado: hay insuficiencia de recursos en las entidades promotoras de salud (EPS) para atender la demanda de servicios (conocida como unidad de pago por capitación–UPC) que creció después de la pandemia del covid-19.
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Lo anterior ha puesto al Ministerio de Salud en una posición de negar la mentada escasez de plata, argumentando que la UPC sí alcanza y que el problema —según el ministro Guillermo Jaramillo, sus viceministros y el presidente— radica en que las EPS se la roban o la utilizan con otros fines. Sin embargo, grupos de académicos, expertos, economistas y pacientes adelantaron una cruzada mediática y judicial para demostrar que, si bien ha habido casos de malversación de recursos de la salud, lo que actualmente gira el Estado a las aseguradoras no alcanza.
En enero de este año, la Corte Constitucional les dio la razón, afirmó que la UPC para 2024 fue insuficiente y le ordenó al ministerio crear una mesa técnica para revisar cifras y recalcular ese valor por uno que les dé abasto. Aún así, a cuatro meses de esa deterimnación y de que se llevara a cabo ese espacio bajo la batuta del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, el problema persiste y sus consecuencias siguen afectando a los usuarios que esperan autorizaciones y medicamentos.
Tanto así, que la semana pasada el alto tribunal le ordenó a esa cartera reinicar la mesa técnica al considerar que hubo falta de participación de los actores del sistema de salud y que había riesgo de que no se garantice la suficiencia de la UPC.
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¿Qué hacer mientras tanto?
Los primeros en alzar la mano para celebrar esa determinación de la Corte fue la organización Pacientes Colombia, aunque advirtieron que les preocupa “los retrasos en el tiempo obstaculicen la toma de decisiones” y que “si el Gobierno cita unos nuevos espacios, se podría ir todo el 2025 sin logra los ajustes”.
Pero mientras llega eso, la crisis en los hogares, en hospitales y clínicas se manifiesta. Ante esto, en diálogo con EL COLOMBIANO el consultor y economista Ramón Abel Castaño planteó unas cuentas que, según él, ayudarían a solventar la crisis del sector.
Las cuentas que saca hablan de un déficit de $10 billones para las aseguradoras por cuenta de la insuficiencia de la UPC. En ese sentido, expone que el Ministerio de Salud podría echar mano de $6 billones que actualmente está invirtiendo en dos frentes: un aumento de $4 billones al rubro de “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100” y de $2 billones para los Equipos Básicos en Salud.
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El primero trata sobre la inversión en infraestructura hospitalaria y el segundo son los 10.193 grupos de profesionales de salud que están distribuidos en los departamentos del país yendo a las casas de la gente a hacerle evaluaciones médicas.
Sobre la inversión en construcción o mejoramiento de hospitales públicos, Castaño sostiene que, si bien es necesaria y una apuesta plausible, la crisis actual del sistema no radica principalmente por falta de instituciones médicas, sino porque no hay plata suficiente para atender a los usuarios.
“Esos son recursos para dotaciones a hospitales, que se traducen, en este momento, en ladrillos y cemento y en esas construcciones rimbombantes, pero, en ocasiones, sin recurso humano que los trabaje”, explica el experto.
Entre tanto, sobre los equipos territoriales Castaño dice que pueden dar buenos resultados si hacen “parte de un engranaje que se base en grupos territoriales de afiliados y que cuenten con profesionales que conozcan la población asignada y sus dinámicas locales y familiares”.
No obstante, añade que hiperdimensionarlos se puede convertir en “un desperdicio de recursos” porque es “una falacia” que estos reduzcan el gasto en salud. “Que se puede evitar la enfermedad y así ahorrar, es una quimera que no ha hecho ningún país”, argumenta.Según cifras del Ministerio de Salud, para finales de 2024 estaban invirtiendo $1,6 billones para la operación de los más de 10.000 equipos de salud; mientras que la partida de la que está disponiendo para los programas de la Ley 100 es de más de $5 billones. Ambas cifras son cercanas a las que refiere Ramón Abel Castaño.
¿Cómo hacerlo?
El consultor plantea que esos $6 billones sean destinados para cubrir ese déficit de $10 billones que tienen las EPS a raíz de la insuficiena de la UPC. “Esto lo puede hacer el ministerio por medio de decretos o resoluciones, que son las herramientas con las que cuenta y puede perfectamente hacerlo con voluntad política”, explica sobre el cómo se podría hacer realidad.
De esta manera, se podría aliviar las deudas crecientes que están acumulando las aseguradoras y que está impactando no solo sus finanzas, sino la salud y la vida de sus afiliados.
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De hecho, sobre esa crisis el exmnistro de Salud, Alejandro Gaviria, le explicó a EL COLOMBIANO que actualmente tienen “una siniestralidad que supera el 110 %”, lo que significa que por cada $100 que reciben de la UPC (que es plata que reciben del Estado para la atención de sus usuarios) están gastando $110.
Al respecto, describe que esa siniestralidad aumenta las deudas de las EPS con instituciones prestadoras de salud (IPS) y con operadores logísticos (encargados del suministro de medicamentos), lo cual está generando que hospitales y clínicas tengan que cerrar servicios médicos o suspendan la atención a los afiliados de las más morosas, así como que haya traumatismos en la entrega de fármacos.
Un botón de muestra es el estudio que publicó el mes pasado la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) que mostró que, a corte de diciembre de 2024, las EPS les deben a 225 IPS cerca de $15,3 billones.
A fin de cuentas, se trata de una propuesta para la que hay dinero suficiente y probado, pero que es realizable con voluntad política: virtud que, al menos para el tema de salud, parece carecer el Gobierno.
