El Gobierno empezó a trabajar una propuesta para reestructurar el sistema penitenciario del país, el cual en las últimas tres décadas ha dado más vergüenzas que soluciones a pesar de ensayar múltiples alternativas.
Los recientes escándalos en la cárcel La Picota fueron las gotas que, una vez más, rebosaron la copa: las salidas campantes del detenido empresario Carlos Mattos y la fuga del narcotraficante “Matamba”, descubiertas en el últimos mes, generaron despidos, renuncias y suspensiones de cerca de 70 funcionarios.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que su despacho está elaborando un documento base para “dar mayor transparencia en la gestión, garantías de seguridad de los privados de la libertad y su resocialización”. Varias entidades serán invitadas a aportar en el plan de reformas, incluyendo a los sindicatos del Inpec.
Aunque el sistema penitenciario en Colombia data de finales del siglo XIX, fue solo hasta 1992 que se creó el Inpec, que hoy regenta 132 cárceles. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, ha tenido 20 directores; los primeros ocho fueron civiles o exmilitares, y los últimos 12 oficiales activos de la Policía.
Esta decisión de entregarle la dirección a la Policía, tomada hace 14 años, pretendía disminuir la corrupción; sin embargo, ese flagelo sigue afectando a la institución. ¿Será que las reformas que trabaja el MinJusticia deberían incluir un cambio en esa jefatura?
Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de Eafit, dijo que las fallas son estructurales y no dependen de quién sea el encargado. “Sería más importante invertir los recursos en mejorar la infraestructura física, porque con el hacinamiento actual no es posible evitar las trampas; y garantizar un sistema de justicia más expedito, porque las demoras para resolver la situación judicial de las personas influyen en esa corrupción”, opinó.
Y el politólogo y docente de la Universidad de Antioquia, Carlos Builes, señaló que “el problema no está en que la dirección la tenga la Policía, sino en que el Inpec como institución no garantiza el control de las cárceles”.
Para él, la transformación debe hacerse en los miembros de base (custodios), que a menudo salen implicados en corrupción. “Esta es una buena oportunidad para repensarnos una nueva institución, que esté relacionada con la política integral de seguridad del Estado”, concluyó el profesor Builes.
