El mandatario atacó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez por pedir más pruebas en medio del estudio de la reforma pensional. Habló, sin evidencia, de un “golpe de Estado” y dejó al descubierto contradicciones.
Vuelve y juega. El presidente Gustavo Petro una vez más enfiló baterías en contra de la Rama Judicial y reclamó, de nuevo, por un supuesto “golpe de Estado” ante decisiones adversas en los estrados. Tal como lo ha hecho con organismos del calibre de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, ahora el jefe de Estado cuestionó y arremetió contra la Corte Constitucional y, en particular, contra su presidente: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
¿La razón? La decisión adoptada por la Sala Plena del alto tribunal que resolvió ampliar el tiempo para estudiar el nuevo texto de la reforma pensional que acordó la Cámara en junio pasado. Lo anterior, luego de que la propia Corte devolviera el texto al Congreso para subsanar errores de trámite. Ello implica, en la práctica, que aún no será implementada la reforma pensional, con todo y que Petro esperaba ponerla en marcha el pasado 1 de julio.
En su determinación, Ibáñez –en su condición de magistrado ponente– decretó la realización de al menos 17 pruebas para analizar si fueron corregidos o no los errores inicialmente advertidos en la discusión de la iniciativa. En su momento, el tribunal –al que llegaron más de 40 demandas– concluyó que el proyecto no se debatió adecuadamente.
“Para efectos de emitir una decisión definitiva, una vez revisados y analizados los documentos remitidos por el presidente de la Cámara de Representantes (Jaime Raúl Salamanca), este despacho considera necesario recaudar mayores elementos probatorios”, argumentó Ibáñez en un auto conocido por el diario El Tiempo.
Entre las nuevas pruebas que pidió practicar el magistrado se encuentra la legalidad del decreto con el que se convocó a las sesiones extraordinarias de la Cámara para subsanar los vicios de trámite. Si bien el documento aparece firmado por Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, Ibáñez busca establecer si hubo alguna irregularidad, teniendo en cuenta que coincidió con el desplazamiento del mandatario a España y Francia.
Por ello, el magistrado instó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que se le “informe si el presidente de la República salió del territorio nacional el pasado 27 de junio de 2025. De ser así, informar la hora en la que el presidente de la República salió de manera efectiva del territorio nacional”.
La determinación desató la faceta combativa del mandatario que, sin más, acudió a su tribuna favorita –la red social X– y llegó a decir sin evidencia alguna que “Ibáñez no quiere la ley pensional” y que lo que en realidad busca “es aplazarla por miedo a su efecto electoral”.
El jefe de Estado insistió en que la iniciativa fue aprobada “dos veces” en el Congreso y que impedir su aplicación “es un simple golpe de Estado”. Incluso, en medio de su andanada Petro acusó al magistrado por “odio ideológico” y cuestionó que sea un “juez imparcial” para resolver lo que él mismo denominó como un “proceso de simple forma que ordenó la misma Corte Constitucional y que ha sido subsanado”.
“El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras estando en territorio extranjero. Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la Presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República porque en su conciencia no quiere, por razones ideológicas ajenas al derecho, que se aplique la ley pensional en Colombia”, remató.
Sin embargo, en medio de su diatriba, el jefe de Estado dejó entrever que, más allá de su discurso, sí era posible hacer cambios en materia pensional sin necesidad de una reforma. Incluso, anunció desde ya que en el Presupuesto de 2026 quedará asignada una partida para atender el bono pensional.
“Como en toda ley hay cosas que ya se pueden hacer. Procedo a efectuarlo. Desde este año se aplica el bono pensional a todos los mayores de 75 años hombre y 70 años mujer que no tengan pensión. Hasta el momento era para mayores de 85 años. Y desde ya empieza la inscripción de todas las mujeres mayores de 62 años y de todos los hombres mayores de 65 años que no tengan pensión y no estén registrados al DPS (Prosperidad Social)”, declaró.
La incongruencia fue advertida desde la oposición: “Si quisieran darle un subsidio al adulto mayor bastaba con voluntad política y priorización de recursos, no hacía falta una reforma ni mucho menos desestructurar el sistema de pensiones de nuestro país”, reclamó el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).
Lo cierto es que los cuestionamientos cada vez más subidos de tono por parte del jefe de Estado contra la Rama Judicial siguen generando preocupación. En diálogo con EL COLOMBIANO, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla señaló que este tipo de rencillas evidencian que a Petro “a veces se le olvida” que es el primer mandatario.
“El jefe de Estado debe buscar la armonía entre las ramas del poder público y sobre todo, propiciar que se respeten las decisiones judiciales. No está bien que sea el presidente el que confronte al presidente de la Corte Constitucional. La Corte está haciendo lo que le corresponde y de ninguna manera eso puede entenderse como que esté atacando sus reformas”, dijo el jurista.
Según Arrubla, el presidente busca responsabilizar a otros por sus flaquezas en el trámite de las reformas y ante la opinión pública se lava las manos, “diciendo que son los de siempre –las oligarquías y ahora las cortes–, quienes no lo dejan avanzar y que por eso él necesita que su movimiento político sigue en el poder. Esta confrontación no le hace bien a la democracia, ni a la separación de poderes. Por lo tanto, no le hace bien al país”, concluyó.
No es la primera vez que el primer mandatario arremete contra la Rama Judicial. Basta recordar cómo en febrero de 2024, dado que la Corte Suprema no elegía fiscal con la celeridad que Petro pedía, azuzó a varios de sus fanáticos quienes intentaron tomarse la sede de la Corte, acorralando y asediando a sus magistrados quienes llegaron a sentirse secuestrados.
Apenas días atrás, Petro expidió un decreto que redistribuye el conocimiento de tutelas contra el presidente a jueces del circuito en lugar de mantener dicha competencia en el Consejo de Estado. El presidente del alto tribunal alertó que se debilita la unidad jurisprudencial y genera “desazón” en la rama judicial.
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