En un intento por jugarse los últimos cartuchos para presionar a los partidos a que aprueben su polémica reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro comenzó a pedir las renuncia de quienes llegaron al Gobierno por cuenta de sus militancia en los tradicionales Conservador, La U y el Liberal, cuyas directivas se le rebelaron a la coalición y se declararon en contra de la iniciativa.
Y en el trasfondo de esa jugada está un duro choque entre los dos ministros que están manejando este tema en el Congreso: la de Salud, Carolina Corcho, quien está radicalizada en que se debe hacer la reforma a como dé lugar tal cual ella la planteó, y el del Interior, Alfonso Prada, quien ha sido más pragmático intentando negocios y que ahora cree que su colega de gabinete está rompiendo la coalición de Gobierno que tanto le costó tejer en el Legislativo.
La disputa se fue decantando durante la jornada y en la tarde del viernes se confirmó que el Ejecutivo les pidió la renuncia protocolaria a seis viceministros. Los de la cartera de Transporte Carlos Eduardo Enríquez y María Constanza García, quienes son cercanos al Conservador; los de las TIC, Nohora Mercado y Sergio Octavio Valdés, afines a La U; y Felipe Arbouin y Aníbal José Pérez, con raíces en el Liberal.
Esa amenaza de un leve remezón en las oficinas del Ejecutivo es apenas la antesala de la batalla que se viene articulando en Palacio por el punto de no retorno al que parece llegar la discusión por la reforma a la salud, que llegó al Capitolio en febrero entre bombos y platillos y ya entrado el mes de marzo no ha conseguido ni la primera aprobación en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se debe discutir.
Corcho vuelve a fisurar coalición
Las movidas de la ministra de Salud por la reforma vuelven a poner temblar la unidad del Gobierno a un punto que desde la misma bancada del petrismo reconocen que hay diferencias de abordaje en la discusión de esos temas entre Corcho y Prada, el que ha dialogado con los partidos para conseguir el apoyo del Congreso a ese texto.
El mismo presidente del Senado, Roy Barreras, habló de “diferencias de método y orientación” entre ambos porque Prada, “que hace bien un esfuerzo enorme por concertar, es un liberal-social-demócrata y representa a quienes creemos en la Democracia Representativa Liberal. La Ministra Corcho (legítimamente) representa unos sectores de izquierda dura que creen en la Democracia Directa i-liberal o no-liberal”.
Es tal la disputa interna en la Casa de Nariño que fue Prada quien acordó con los partidos Conservador, La U y Liberal incluir sus 133 requerimientos en el articulado, pero fue Corcho la que negó las proposiciones de la bancada y, al final, solo aceptó el 27% de esas propuestas, lo que fue interpretado por los tradicionales como una traición; y por Prada como un palo en la rueda para la coalición en pleno año electoral.
La razón es que la disputa va más allá de la discusión de la reforma y promete tocar las entrañas del gabinete. Criticar la reforma de Corcho pone a volar cabezas, tal como sucedió con la salida del exministro de Educación Alejandro Gaviria del equipo del Gobierno. Gaviria no tuvo pelos en la lengua para resaltarle los peros de la propuesta reformista porque acaba con las EPS y, al final, el presidente terminó respaldando el activismo de Corcho y cerrándole la puerta a los tecnicismos de Gaviria.
La discusión entre los funcionarios no es técnica, sino de método y política: el ministro del Interior es un audaz político que sabe moverse en el Congreso, entre los legisladores, y con las mismas cabezas de los partidos, una metodología que puede poner a marchar la ambiciosa agenda de 29 proyectos que tiene el Ejecutivo para este semestre (ver nota anexa). Pero Corcho, desde su activismo, la repele.
Corcho es una médica psiquiatra que hizo su carrera política cuestionando la función de las EPS dentro del sistema de salud. Cuando Petro ganó la Presidencia la llamó a ella para liderar el empalme con la administración del exmandatario Iván Duque, y terminó siendo la articuladora de la reforma que hoy tiene agrietada la coalición. En términos sencillos: es una de las tres bases ideológicas de su equipo de Gobierno, junto a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la de Minas y Energía, Irene Vélez.
Prada no es un activista, sino político. Cercano al expresidente Juan Manuel Santos, de su paso por el Congreso ganó la experticia de moverse entre bancadas y esa pericia lo convirtió en el apaga incendios de Palacio con su doble rol de ministro y porta voz para aclarar con pocas palabras lo que el presidente Petro no logra concretar en sus largos discursos. Y en Twitter.
Prada teje lo que Corcho corta
Esa doble función puede no ser suficiente para que las conciliaciones de Prada se mantengan en el gabinete y desde varios partidos le dijeron a EL COLOMBIANO que ven una clara posibilidad de que el ministro termine saliendo del cargo por las discordias con Corcho, tal como le sucedió a Gaviria a finales de febrero cuando se filtró una carta con sus duras críticas a la desahuciada reforma a la salud.
Las mesas de trabajo por las reformas (a la salud, la pensional y la laboral) se volvieron el común denominador entre el Congreso y el Gobierno y quienes han participado en ellas aseguran que Prada ha sido el funcionario más conciliador de la Presidencia en esas instancias. Si él sale, afirman, se generaría un cortocircuito en las comunicaciones difícil de reconectar.
Otros van más allá y sentencian que por esta disputa se está “reventando” la coalición y una voz del Pacto Histórico le puso hasta fecha de caducidad a esa numerosa bancada: mayo.
La credibilidad de los partidos en el Gobierno está atada a la permanencia de las figuras moderas en este, como el propio Prada o el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a quien la Universidad de Columbia le amplió la licencia hasta mediados de 2024, pues su estancia como ministro está atada al permiso de esa institución para estar por fuera de las aulas. Si ellos se van la confianza se pierde.
Por lo pronto, lo que esperan los conservadores, La U y el Liberal es que el martes –cuando por fin inicie la discusión de la reforma en la Comisión Séptima– se hayan incluido sus apuntes en el texto. Sin embargo, el último mensaje que le dio el Gobierno a Dilian Francisca Toro, la jefa de La U, es que solo le harán caso al 27% de sus consideraciones: menos de la tercera parte.
Los partidos dicen que solo apoyan la reforma si se tienen en cuenta todos sus 133 apuntes, una condición que todo indica que el Ejecutivo no cumplirá. En síntesis: se quedaría sin votos para que el articulado pase el primer debate en esa Comisión.
Y es que con estas nuevas posturas los votos se rebarajarían así: 8 a favor (4 del Pacto Histórico, 2 de curles de paz, 1 de Comunes y 1 de la Alianza Verde), 12 en contra (4 del Liberal, 2 del Conservador, 2 de La U, 2 del Centro Democrático y 2 de Cambio Radical) y solo quedaría un voto por definir (de la Alianza Verde). Si esto se materializa, la reforma se hundirá por matemática simple.
El presidente de esa Comisión, Agmeth Escaf, apela a la negociación hasta el último minuto y afirma que tienen hasta el 18 de junio para que la reforma sea aprobada. “Para esa fecha tiene que estar todo concertado. En un caso extremo podría extenderse a sesiones extraordinarias, pero eso no se ha contemplado todavía”, aseveró.
Quedan 65 días para entonces, de los que apenas 42 son jornadas hábiles para negociar, lo que deja la reformatón de Petro al vaivén del tiempo, las discordias de su propio equipo y el diálogo de sordos que protagonizó su ministra Corcho. ¿Cederá el Ejecutivo o terminará desencadenando otro remezón ministerial?
Gobierno saturó agenda del Congreso y nada está aprobado
Al presidente, Gustavo Petro, apenas le quedan 44 días hábiles de las jornadas del Congreso para sacar adelante una ambiciosa agenda de 29 proyectos de ley o de acto legislativo que se puso la meta de aprobar este mismo semestre para antes del 16 de junio, cuando terminan las sesiones ordinarias del Congreso.
La apretada agenda está obligada a compartir tiempos con otras de iniciativas de los congresistas que están esperando un espacio en el calendario para ser discutidas, lo que dificulta aún más la aprobación de los textos, sobre todo en un contexto en el que la bancada de Gobierno, aunque mayoritaria, está fisurada.
El mismo mandatario se puso la vara tan alta que ya sus alfiles en el Congreso están haciendo cuentas de qué hacer si los tiempos no les dan. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, es uno de los que ya le abrió la puerta a la posibilidad de llamar a sesiones extras, incluso hasta el 19 de julio que es el último día de esta Legislatura, para poder poner a flote los articulados.
“De los 31 proyectos iniciales van en trámite 14. La meta de la Presidencia de la Cámara es aprobar entre 10 y 12 priorizando las agendas sociales (salud, laboral y pensional), los proyectos de paz, el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal”, puntualizó Racero.
Las cuentas que hace el representante del Pacto Histórico son un llamado a poner los pies en la tierra de las posibilidades reales de tramitar todos esos proyectos que el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, había socializado de tú a tú con los partidos de Gobierno.
Otro que ha llamado a los congresistas a sentar cabeza es el presidente del Senado, Roy Barreras. El senador ya alertó acerca de que las mesas de trabajo sobre las reformas están retresando la discusión legislativa, que es la que termina aprobando o rechazando esas iniciativas y el caso de la reforma a la salud es la prueba fehaciente de ese patrón: van ocho semanas de diálogos que solo han ahondado las brechas entre los partidos y el Ejecutivo y ni un debate en el Congreso.
El mismo Barreras también está halando de sesiones extras a pesar de que las ordinarias llevan apenas un mes: un síntoma claro de que el petrismo sabe que lanzó la la apuesta más ambiciosa de lo que podía cumplirla en tan poco tiempo.
La bancada tiene dos caminos, o pupitrear las reformas como alega la oposición que sucedió con la ley para la paz total que fue aprobada en el Senado a media noche el año pasado, o reducir sus expectativas para que haya paso a la discusión, sobre todo porque sus propuestas reformistas tocan cambios a la Constitución y al funcionamiento que ha tenido el país durante 32 años.
Pero los tradicionales, que le ponen el 30% de los votos al Gobierno en el Senado y el 40% de los escaños de la Cámara de Representantes, se oponen a hacer un trámite a la carrera. Como lo dice representante del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, “ reformas tan estructurales a pupitrazo no pueden ir. Nosotros fuimos elegidos no para ser comité de aplausos del Gobierno, sino para sopesar los puntos de vista”. Con esas ponderaciones el tiempo de juego quedará como el de los partidos de fútbol: al alargue.
Lo prioritario para el Ejecutivo es terminar de destrabar en abril los primeros debates de los proyectos, sobre todo el de la reforma a la salud que tendría lugar el martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, así como darle el primer empujón a la reforma laboral que también se presentó, pero que se difuminó en la agenda frente a las polémicas que suscitó el articulado de la salud. Si la bancada de Gobierno no logra despegar sus prioridades para cuando termine abril, las cuentas del presidente Petro. quedarán en negativo .
