El proyecto de reforma a la salud agita cada vez más los ánimos en el país y, aunque todavía no se conoce el texto que radicará el Gobierno, las observaciones no se han hecho esperar.
Basado en el esquema actual y en lo que ha trascendido sobre la reforma, el expresidente Álvaro Uribe compartió un borrador de 17 puntos titulado “Sistema de Salud: ajustes sin desbarajuste”.
En el texto planteó que el sistema vigente ha ayudado a que los ciudadanos pasaran de pagar el 55% al 16% de los costos al ser atendidos.
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“El Estado y los empleadores pagan la mayor parte, el trabajador la cotización mínima y los compatriotas informales casi no pagan”, manifestó el exmandatario.
Uribe reconoció que aunque hay entidades destacables, algunos hospitales, EPS privadas y estatales y cooperativas no se han salvado de la corrupción, y defendió que el Gobierno anterior luchó contra ello.
A partir de ahí, consideró que la propuesta del Gobierno Petro “llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales”.
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Para el líder del Centro Democrático, esa situación “puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Sin EPS se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías”.
Entre otras críticas, consideró que con la reforma aumentaría el riesgo de corrupción y sería insostenible por “agotamiento de recursos”.
“Las buenas EPS, que van quedando, cobran máximo 3,5% por toda su actividad. El monopolio estatal propuesto costaría mucho más. La EPS deberían estar condicionadas a una certificación de excelencia”, apuntó Uribe.
El expresidente cerró diciendo que para mejorar las condiciones de los trabajadores no se debería eliminar el contrato sindical, sino ajustarlo, y que no es conveniente “que la homologación de las competencias de los profesionales de la salud la desplacen de las sociedades científicas a monopolios estatales”.
