El mismo modus operandi se repitió de manera idéntica por lo menos en cinco departamentos del país: oficiales del Ejército buscaban cédulas al azar de hombres jóvenes y los vinculaban como soldados prestando el servicio militar.
Una vez estaban en el sistema, se apoderaban de los recursos y las dotaciones que les enviaban a esos jóvenes como uniformes, armamento y manutención; por esto, 23 militares activos y en retiro le habrían generado a la nación un desfalco de 6.000 millones de pesos por año.
Se trata de una gran red de corrupción en las filas de la institución que esta semana generó la captura de los 23 implicados, entre los que se encuentran dos coroneles activos y ocho militares en retiro.
El operativo fue tan grande y requirió de tanto personal trabajando al mismo tiempo, que funcionarios del Ejército, el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tuvieron que trabajar de manera simultánea en Magdalena, Antioquia, Huila, Córdoba y Nariño para ejecutar todas las capturas sin que tuvieran tiempo de alertarse entre ellos. Una pista abrió la investigación.
Una pista abrió la investigación
Pese a que aún se desconoce desde qué año estarían ocurrieron las irregularidades, para el Ejército es claro que la red de “reclutamientos falsos” venía actuando, por lo menos, desde finales de 2021.
Tal como señalaron fuentes de la institución, la primera alarma se generó cuando un joven de Villavicencio presentó una denuncia ante las autoridades luego de que le informaron que él aparecía como integrante del Ejército sin que nunca hubiera sido parte de la institución o hubiera portado el uniforme.
Estando en esa base de datos, para el hombre de unos 20 años de edad era imposible recibir atención médica como cualquier ciudadano, por lo que él adelantó todos los trámites para que se solucionara el “error”.
Así las cosas, el Ejército inició una investigación interna para determinar qué había ocurrido “porque era muy difícil que hubiera sido un error de digitación o algo parecido. Tenía que haber sido todo un trámite de ingreso y el joven alegaba que nunca se había acercado a las oficinas de la Fuerza Pública y que estaba en situación de remiso”, dijo uno de los militares cercanos a la investigación.
Fue así como empezaron a encontrar los primeros sospechosos y a armar todo el entramado que, finalmente, involucró a más de 20 militares que aún trabajaban para el Ejército o que habían trabajado en algún momento y habían pedido la baja.
Un negocio de miles de millones
Pero, ¿qué ganaban los militares con toda esa red de corrupción? Resulta que los soldados que están prestando su servicio militar obligatorio reciben una serie de pagos y bonificaciones para que subsistan durante sus días de servicio y, además, para que puedan enviarles a sus familias o ahorrar para cuando vuelvan a la vida civil. Entre esos dineros de viáticos y “salarios”, cada soldado falso podía generar alrededor de 800 mil pesos mensuales.
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Y no se trataba de una red a pequeña escala. Al contrario, el Ejército Nacional –que inició la investigación disciplinaria en sus propias filas– estima que los implicados habrían logrado ingresar unos 1.000 perfiles falsos durante el tiempo que funcionó el entramado ilegal.
Así las cosas, las cuentas dan para que los militares se hicieran entre 450 y 500 millones de pesos al mes, lo que representaría, en conjunto, un desfalco de cerca de 6.000 millones de pesos cada año para los recursos del país.
Con todos esos elementos de prueba, la Justicia Penal Militar trasladó el caso a la justicia ordinaria y, de ahora en adelante, será la Fiscalía General de la Nación la que se encargará de investigar y solicitar las penas para cada uno de los que resulten responsables.
Según anunció el Ejército, los 23 capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y serán imputados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y prevaricato.
Mientras eso avanza, es posible que el ente acusador también abra otra línea de investigación para establecer qué pasaba con los uniformes y elementos de dotación que le enviaban a esos soldados falsos. “¿Qué hacían con todo el material de guerra?, eso es otro asunto que están investigando porque es bien rentable vendérselo a disidencias y otros grupos armados que necesitan armamento y camuflados”, concluyó la fuente del Ejército.
6.000
millones de pesos al año sería el desfalco de la nación por la presunta red de corrupción.
