Un informe de la organización Ideas para la Paz alerta por disminuciones en el presupuesto de entes como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y Normalización o el Instituto Agustín Codazzi.
En medio de la accidentada discusión del proyecto de Presupuesto Nacional para 2025 –el cual fue radicado por el Gobierno de Gustavo Petro–, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) alertó que varias de las entidades a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc presentan reducciones en sus recursos.
Según el organismo, que presentó un informe de la mano del proyecto “Del Capitolio al Territorio” (que hace seguimiento a la implementación con las comisiones de Paz del Congreso), en el proyecto se evidencian recortes a entidades responsables de avanzar en aspectos como la materialización de la reforma agraria (Punto 1), la participación política (Punto 2) o la sustitución al problema de las drogas (Punto 4).
“Para el 2025 es notable una reducción en buena parte de las entidades que directamente se ven involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz”, concluye el documento que destaca que los niveles de inversión y funcionamiento son, en su mayoría, superiores a los recursos destinados para las mismas cuando iniciaba el Gobierno actual.
Sin embargo, para la FIP los recursos no dejan de ser “insuficientes por las altas demandas y necesidades que exige la implementación del Acuerdo y el fin del conflicto en Colombia”. Por ello, pidió al Gobierno y al Congreso que se destinen mayores recursos para hacer realidad lo acordado en La Habana (Cuba), “privilegiando los rubros de inversión que contribuyen de manera eficaz a la mejora en las condiciones de vida de los y las colombianas, y a la resolución del conflicto armado”.
Al analizar en detalle, el informe determinó que, pese a los anuncios para concretar la reforma rural integral, en el Presupuesto se evidencia que la Agencia de Renovación del Territorio presenta una reducción del 12 % en el presupuesto de inversión con respecto al 2024.
Además, la Agencia Nacional de Tierras tiene una reducción total de 68 % respecto al año anterior, “tanto en inversión (-68%) como funcionamiento (-69%). Sin embargo, vale la pena señalar que el monto total es superior al destinado en el 2023 en un 630 %”.
Por otro lado, la Agencia de Desarrollo Rural sufrió una disminución del 28 % respecto al 2024; sin embargo, se trata de una disminución que se concentra en el rubro de funcionamiento. Adicionalmente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –encargado de realizar un catastro multipropósito que dé cuenta del uso y vocación del suelo–, sufre una reducción del 36 % en inversión, lo que se traduce en $348.000 millones menos.
“El campo colombiano ha sido escenario del conflicto armado, por lo que se hace necesario acelerar la implementación de la reforma rural integral y la puesta en marcha de la jurisdicción agraria. Vale la pena resaltar que, hasta la fecha, el cumplimiento de la meta de adjudicación y titulación de la tierra que se encuentra en el Acuerdo sufre un grave retraso”, precisó la FIP.
Otra de las alertas se concentra en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que, aunque en materia de inversión muestra un ligero incremento del 3,92 %, en el presupuesto total cae en un 71,57 % (es decir, $229.000 millones), “lo que podría obstaculizar los procesos de reincorporación de los firmantes de paz”.
Si bien se evidencia además un leve incremento en el presupuesto total de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas –que tendrá un incremento de $10.000 millones–, la Fundación Ideas para la Paz reclamó que el rubro de inversión se reduce. “Esto es preocupante dado que la búsqueda de desaparecidos es un componente crucial para la reparación de las víctimas y la construcción de la paz en Colombia”.
Sumado a una caída del 81,08 % en el presupuesto destinado a la participación política de las comunidades afectadas por el conflicto, el informe concluyó que el presupuesto para abordar el problema de las drogas se reduce en un 79,80 % en el Trazador de Paz, “lo que podría afectar negativamente los programas destinados a la sustitución de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta el retraso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la situación actual en varios territorios de crisis del mercado de la coca”.
Finalmente, se precisa que aunque el presupuesto total de la Unidad Nacional de Protección (UNP) aumenta un 21,87 %, la inversión directa disminuye en un 31,87 %, lo que tendría repercusiones en la protección efectiva de líderes sociales y excombatientes.
