Dos organizaciones sociales preparan sus argumentos para denunciar penalmente a los humoristas Camilo Sánchez y Camilo Pardo –creadores del canal F*cks News– por haber violado, con sus chistes, la dignidad de la joven de 18 años que falleció arollada por un bus en medio de un forcejeo con un posible atracador en Medellín.
EL COLOMBIANO consultó con un abogado penalista para entender las posibles consecuencias que tendrían los creadores de contenido.
“En dónde queda la ética y lo estético del humor. Ridiculizar el drama de una familia merece toda sanción social, no podremos avanzar como sociedad, si no ponderamos la vida y el respeto por encima de todo”, señaló Carlos Alberto Arcila Valencia de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho.
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Este martes trascendió que la corporación de Arcila y la ONG Human Rights Watch se preparan para interponer una denuncia de tipo penal contra los humoristas por haber incurrido, según ellos, en “trato cruel, degradante, inhumano y poco ético con la familia y la propia víctima”.
Hasta ahora los creadores de F*cks News no se han pronunciado sobre la posibilidad de enfrentar un proceso ante la justicia. El penalista Santiago Trespalacios aseguró que el escenario para resolver este pleito no es el jurídico, pues hasta ahora la ley no contempla sanciones punitivas contra el humor.
“En Colombia está prohibida la censura, es decir, el Estado no puede sancionar contenidos de humor y sátira porque nuestro régimen, en materia de libertad de expresión, es bastante amplio. Hay algunas limitaciones como la instigación a delinquir y la apología al genocidio”, explicó el penalista Trespalacios.
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Según el experto consultado, los humoristas recibirían sanciones penales cuando su contenido promueva actos como el genocidio, tendientes a realizar desapariciones de alguna raza o grupo religioso. “El humor de estas personas es bastante desagradable, pero no se podría explorar la censura contra ellos por medio del poder punitivo”, puntualizó Trespalacios.
El chiste en discusión fue dicho por los humoristas en su última visita a Antioquia. Desde el teatro de la Universidad de Medellín se refirieron al caso de una mujer de 18 años que, en su intento de escapar de un atracador, fue arrollada por un bus en el barrio Robledo Palenque. La joven falleció el pasado 2 de octubre en la Clínica León 13.
En medio de la burla, usaron frases como “la dejó sin señal”, “le cortó los datos” y “el que tenía el antichoques era el celular y no ella”.
Por estas burlas las corporaciones denunciantes pretenden que la Fiscalía les impute a los humoristas el delito de injuria que, según el Código Penal, tiene penas entre los 16 y 54 meses en prisión más multas de entre 13 y 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“La libre expresión también encuentra límites en la calumnia y la injuria. La calumnia es cuando se le atribuye a alguien un delito que no cometió y la injuria es cuando se atribuye una circunstancia que resulta deshonrosa. Para este caso, mi observación, es que en estos actos de humor –sin valorarlo en su forma– no se encuentra ninguno de los limites establecidos”, explicó Trespalacios.
“Por tanto, lo que debe haber es un reproche social, otros, por su parte, verán satisfacción en este tipo de humor. Esos son los costos de una sociedad que considera preciada la libertad de expresión”, puntualizó el especialista Trespalacios.
