Los problemas por medicamentos han estado en la agenda en los primeros 41 días del año. Tanto que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ya publicó 21 alertas sanitarias. Sin embargo, estos errores no solo ocurren en Colombia y tampoco se dan con alta frecuencia, según coinciden cuatro expertos químicos y farmacéuticos consultados para este artículo.
En contexto, hay que decir que hace un mes murieron dos niños por la entrega errónea de Tramadol en vez de un purgante que les compró su mamá (Albendazol), hace dos semanas se descubrió que en el Dololed –aunque lo vendían como un medicamento natural– tenía Diclofenaco. Recientemente, el Invima expidió una alerta sanitaria por el medicamento Metotrexato, por una contaminación con una bacteria.
Este último cuenta con una alerta sanitaria del Invima desde el pasado sábado, que ordenó retirar dos lotes de este medicamento (NN9024A y NN8398A), que se emplea para tratamientos de cáncer y que, en esta caso, son referencias inyectables, que no se consiguen en droguerías, sino que son de uso hospitalario.
José Julián López, director del Centro de Información de Medicamentos de la U. Nacional, explica que hay diferencias en estas situaciones y por eso no se deben generalizar.
Diferencias
Para entender por qué son diferentes, hay que tener en cuenta que en relación con el Tramadol, el Albendazol y el Dololed, los problemas se dieron de manera ambulatoria, es decir, fuera de un hospital y tuvieron su origen en los errores derivados de la venta de medicamentos.
En este caso Droguería Cruz Verde, donde se vendió el Tramadol que provocó la muerte de los dos niños, indicó que fue responsabilidad de la empleada que lo vendió y que sigue abierta a los procesos investigativos que indique el Invima.
En el caso del Metotrexato, de uso hospitalario, el Invima está en estudio para determinar cómo se dio la contaminación con la bacteria, si fue dentro del laboratorio (Ropsohn), o si se dio en el transporte y la comercialización, según explicó Julio César Aldana, director del Invima.
EL COLOMBIANO consultó al laboratorio para conocer su posición. Aunque se envió un correo con tres preguntas, tal cual se acordó, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Aldana, por su parte, explica que estas reacciones fueron notificadas por dos dependencias en el país. “Nosotros hacemos inspección y vigilancia desde que se produce el medicamento y hasta que se comercializa”, dijo.
El problema
Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento y vicepresidente de Política Farmacéutica Nacional, recuerda la “tragedia de esa familia” en la que los niños consumieron Tramadol en vez de un purgante. Frente a esto dice que muestra fallas “estructurales del sistema”.
Lo mismo plantea López al señalar que en farmacias y hasta supermercados se prioriza la venta de medicamentos y no la dispensación, que es la labor profesional, con asesoría, para entregar los medicamentos. “Hay personas que venden medicamentos, pero el acto profesional, que incluye recomendaciones, pasó a un segundo plano”.
Andia coincide con él, al resaltar que el asunto se volvió netamente comercial y no médico. “No es cargarles toda la responsabilidad a quienes dispensan, pero nadie cumple los requisitos, aunque es el renglón más débil de la cadena”, explica Andina.
Sobre estos cuestionamientos, Alba Rocío Rueda Gómez, directora ejecutiva nacional de Asocoldro (que agrupa a las droguerías), refuta esta versión y defiende la “labor profesional que realizamos los droguistas del país”, de acuerdo con ella, haciendo una labor profesional, priorizando la salud y no el dinero.
Juan Pablo Botero, director académico de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios (Acqfh), menciona que estos casos se conocen, además, dependiendo del nivel mediático que se tenga, como sucedió en el país el mes pasado. Botero también recuerda, por ejemplo, que hace un par de años se dio un caso similar “con un medicamento llamado Vitacerebrina, pero no tuvo el mismo eco” y no hubo tantas alarmas encendidas.
Su punto está en que “los errores de medicación son frecuentes en Colombia y el mundo, tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene un plan para reducirlos a la mitad”, dice Botero, al destacar que la norma obliga a todos los actores, IPS, clínicas, hospitales y secretarías de Salud a “reportar los errores o reacciones adversas al Invima” para que esta entidad actúe y decida qué hacer con los medicamentos de los que se notificaron problemas.
¿Vigilancia débil?
Aunque los consultados señalan que el sistema existe y que “no es el peor”, sugieren un fortalecimiento de la manera en cómo funciona. Por ejemplo, Isabel Cristina Muñoz, química farmacéutica y subgerente de la Cooperativa de Hospitales, asegura que hay una debilidad en el sistema de vigilancia.
Su argumento tiene que ver con que la inspección y vigilancia “debería ser más activa” y señala que el actuar del Invima tiene que ver con lo que ha pasado recientemente en el país. “Reacciona cuando ya se conoce el escándalo”, precisa Muñoz.
Aldana dice que lo que sucede en la actualidad en Colombia puede analizarse desde dos perspectivas: “Una de alarma y otra de tranquilidad. La veo desde el lado de la tranquilidad, porque la agencia sanitaria, en sus labores, está dando curso a las tareas de inspección y vigilancia”.
Finalmente, Sara Lastra, toxicóloga del Centro de Información y Estudio de Medicamentos y Tóxicos (Ciemto), explica que “es un riesgo darle a un paciente un producto que desde el proceso de fabricación no cumple los estándares de calidad exigidos por el ente regulatorio nacional”, como lo ha expuesto en las 21 alertas sanitarias este año el Invima.
