Un mes le dio la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a la empresa Transmarsyp para desocupar el lote, ubicado en la ciudad de Cartagena, en el que desde el año 2004, opera el principal puerto de entrada y salida de suministros para las islas San Andrés y Providencia.
A la Sociedad Portuaria Transmarsyp le llegó una comunicación en el que le notificaban que el desalojo se llevaría a cabo este jueves 29 de febrero. Sin embargo, en el último minuto una tutela frenó el procedimiento y trasladó el caso a un juez de la República para que emita un fallo definitivo sobre la finalización o continuidad del contrato de arrendamiento para el uso del predio.
”Nos notificaron tres días antes del desalojo, cómo van a hacer eso, además nosotros tenemos un contrato de arrendamiento para la operación del puerto hasta el año 2032, no puede la SAE ahora de manera unilateral dar por terminado el contrato, y es que el mismo contrato tiene cláusulas y en ninguna hemos incurrido, por el contrario hemos cumplido, pagamos a tiempo, convertimos ese predio en algo bonito y bien tenido y ahora nos quieren sacar”, contó a El Colombiano, Milton Meza, gerente de la Sociedad Portuaria Tranmasyp.
A Meza le preocupan, además del desalojo y todo lo que eso implica, las consecuencias que traerá a los habitantes de San Andrés, toda vez que desde ese puerto sale el 80% de la mercancía que ingresa a la isla.
”Este puerto que hoy nos quieren quitar representa el 80% de todo lo que entra a San Andrés, desde aquí salen los víveres, material de construcción, alimentos perecederos y no perecederos, desde acá sale toda la mercancía de Bavaria, Coca Cola, gas propano, mercancía del Éxito, D-1 y mucho más, eso nos tiene muy preocupados, porque una cosa es que se queden con el lote, pero la operación va quedar desamparada, qué van hacer los pobladores sin suministros”, añadió Meza.
Contrario al grave panorama del que da cuenta el gerente, el Gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo afirmó que la situación está controlada, que en efecto existe una orden de desalojo dentro de un proceso que lleva varios meses en curso. Descarta que ocurra un desabastecimiento.
”Quiero darle tranquilidad a la comunidad, decirles que estamos trabajando en equipo con el Gobierno Nacional para que no haya ningún trauma en el abastecimiento del territorio. La SAE ha sido corresponsable y ha considerado nuestra petición de suspender por un mes el desalojo y así podemos llevar a cabo un proceso de empalme y que el departamento insular esté siempre abastecido”, aseveró el gobernador.
Como era de esperarse, una vez conocida la noticia, líderes políticos de San Andrés expresaron su preocupación y cuestionaron la actuación de la SAE que, consideran, va en contravía de los intereses y del bien común de la isla.
”La SAE cree que al adquirir nuevamente el lote tendrá la facultad para operar el muelle y no lo tienen, y así se quieren apropiar del lote, se entiende que con esto lo que se busca es que el lote sea entregado a particulares para que sigan explotando el manejo del muelle”, dijo el Representante a la Cámara por San Andrés, Jorge Méndez.
No podía, en toda esta polémica, quedarse a un lado la SAE. Sin embargo, para comprender los motivos que dieron lugar a la orden de desalojo, es necesario aclarar que el inmueble, donde opera la empresa Transmasyp, es propiedad de la compañía Howard y Cia, cuyos bienes pasaron a ser administrados por la SAE en el año 2007, en un proceso de extinción de dominio.
De ahí la relación entre Transmarsyp y la SAE. Y es que, cuando a Howard le fueron tomadas sus propiedades ya existía el contrato de arrendamiento para la operación del puerto, que en ese momento no se vio afectado, sino hasta hace ocho meses cuando una investigación arrojó que algunos miembros de la junta directiva de la Sociedad Transmarsyp, eran familiares de los dueños de Howard.
”Los dueños de Transmarsyp tendrían relación con el proceso Howard, por eso solicitamos información del contrato, nos dimos cuenta que hay miembros de la junta directiva que son de la familia Howard y por eso terminamos el contrato de arrendamiento, no es una decisión apresurada, no se ajustaba a la administración de bienes”, esa es la razón, dijo Juan Pablo García, Gerente de la Sociedad de Activos Especiales.
Por ahora, la orden de desalojo quedó suspendida durante un mes, en tanto se lleva a cabo el proceso de empalme con la Gobernación de San Andrés para garantizar el abastecimiento en el archipiélago. A Transmarsyp por su parte le quedan pendientes las decisiones que al respecto tomen los jueces.
