La mitad de los estudiantes inscritos en los 11 pregrados más demandados en el país, quienes presentaron en 2019 las pruebas Saber Pro –que evalúa las competencias propias de la carrera y generales de quienes están próximos a graduarse– se ubicaron en los dos niveles de desempeño más bajos, de acuerdo al resultado obtenido en dicho examen.
Muchos de ellos son hoy nuevos profesionales en busca de oportunidades en el mercado laboral, lo que llevó al Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana –LEE– a plantearse en un informe si los estudiantes de pregrado en el país están realmente adquiriendo las competencias que exige su profesión.
El Laboratorio analizó los puntajes de 189.867 estudiantes de estos once programas (ver infografía) que representan el 73 % del total de la población académica que presentó dicho examen en 2019.
Las carreras más críticas
En los programas de administración, psicología, economía y las ingenierías ambiental y de sistemas al menos 7 de cada 10 estudiantes obtuvieron un puntaje que los ubicó en los dos niveles de desempeño más bajos en todos los módulos de competencias específicas analizados.
En el caso de las carreras en educación, derecho y contaduría pública el panorama es menos complejo. Entre 5 y 6 de cada 10 se ubican en los niveles de desempeño más bajos en todos los módulos analizados. Mientras que medicina arrojó buenos resultados, tanto en competencias generales como en las propias de la carrera.
¿Las causas?
Explorando posibles razones que expliquen los resultados, la codirectora del Laboratorio, Luz Karime Abadía, apunta hacia la necesidad de revisar la cantidad de oferta actual de educación superior que, a la luz de los resultados, no está garantizando calidad.
“Entre el 2000 y el 2019 la cifra de instituciones de educación superior –IES– en Colombia aumentó 44,66%. El país tiene actualmente 298 IES pero solo 90 están acreditadas. En los 80.000 programas de pregrado ofrecidos apenas 16.000 cumplen con los estándares de alta calidad. Es necesario plantear el debate acerca de si es pertinente que las instituciones que no cumplan con los estándares de calidad ni garanticen la formación de sus estudiantes con las competencias requeridas deban cerrar definitivamente”, expone Abadía.
Además de esto, Luz Karime señala también responsabilidad de la educación media, origen de “las grandes lagunas” con las que salen los futuros universitarios en competencias como comprensión lectora, inglés y matemáticas. “No siempre logran nivelarse y eso repercute en el desempeño académico en la carrera”, sostiene.
Carlos Mario Molina, investigador en educación del Icesi, concuerda con esta posición. “El déficit en competencias generales es incuestionable. Ahí están los resultados de las últimas pruebas Pisa (2018). En matemáticas apenas el 35 % de nuestros bachilleres alcanzaron el segundo nivel de desempeño en adelante, mientras la media de los países Ocde quedó por encima del 70 %. En lectura nos fue un poco mejor; el 50 % de nuestros estudiantes alcanzó o superó el nivel 2, pero seguimos lejos de la media de la prueba que se acercó al 80%”, detalla.
El académico advierte que en este panorama tiene mucho que ver el sistema escolar actual “paquidérmico para materializar cambios curriculares, contenidos y metodologías. Si la idea del país es medirse en pruebas estantarizadas, pues hay que tomar decisiones en esa vía”.
Repensar vocación y oferta
No obstante, Molina asegura que estos cambios mejorarían los resultados en pruebas estantarizadas pero persistirían otros problemas de fondo. “Aún así tendríamos que resolver la crisis vocacional que, creo, tenemos en el país. Las instituciones de educación superior deberían poder ofrecer programas más afines con las necesidades de cada región. Esto permitiría conectar el ser, el saber y el hacer. Con la oferta técnica, a través del Sena, el país ha ido hacia este objetivo, pero el sistema de acreditación coarta la autonomía académica de las universidades, sujetas a recibir un registro calificado, y lo que nos queda entonces son cientos de programas estudiados por jóvenes sin vocación, desconectados de las necesidades sociales y laborales del país”, analiza.
El rector de Uninorte, Adolfo Méisel, reconoce el reto que tienen las universidades para adaptar su oferta (tanto en pregrado como en posgrados) a lo que demanda la sociedad. “Pero es que no solo debemos responder a esas realidades, sino proyectarlas. Es decir, la universidad tiene que ser la que marque el camino del conocimiento. Lo que también nos dicen estas pruebas es que hay unos campos que no estamos explorando y un valioso capital humano que necesita reorientarse hacia estos”.
Finalmente, pronosticando que los efectos de la pandemia en la educación puedan incidir en resultados aún más adversos que los analizados en el informe, la codirectora de LEE, Gloria Bernal, señala que es necesario garantizar un enfoque de atención integral a los universitarios que, además de sobrellevar las dificultades de la virtualidad, tienen un contexto socioeconómico adverso.
Sobre este último punto, el Pacto con las Juventudes firmado por el Gobierno Nacional hace dos semana plantea una estrategia específica de atención a universitarios en situación vulnerable que, además de matrícula cero, garantice acciones en pro de la salud mental, hábitos saludables, entornos protectores y acceso a empleo
