El narcoparamilitar estaba recluido en la cárcel La Picota pero fue dejado en libertad aunque tenía procesos pendientes con la justicia. El Ministerio Público indaga si hubo irregularidades en los protocolos.
La salida de alias Gordo Lindo de la cárcel La Picota tiene contra las cuerdas al Inpec, entidad a la que la Procuraduría ya le pidió explicaciones sobre los protocolos al momento de liberar al narcoparamilitar el pasado 26 de agosto. Presuntamente, se habrían realizado procedimientos irregulares al momento de sacarlo de prisión, pues Francisco Javier Zuluaga, “Gordo Lindo”, todavía tendría procesos pendientes con la justicia.
Frente a esa situación, el Inpec tendrá que explicar la situación judicial del procesado y si efectivamente podría ser dejado en libertad. Además, tendrá que remitir copias de la boleta de libertad y las constancias de verificación para iniciar la indagación por parte del Ministerio Público.
Otro de los requerimientos es que desde la dirección del Inpec se tendrá que entregar un informe detallado de los protocolos que tienen establecidos para darle libertad a un preso.
A la par de esas pruebas, también tendrán que entregar todas las comunicaciones emitidas por la Fiscalía en las que se le advertía al Inpec por la situación jurídica de alias Gordo Lindo.
“Los requerimientos hechos por el órgano de control abarcan toda información sobre el personal asignado, los turnos, las actas de firmas, y las funciones de cada uno de los guardianes que intervinieron en la fecha de los hechos”, indicó la Procuraduría.
Sobre la salida de “Gordo Lindo” se sabe que los abogados del excomandante paramilitar interpusieron un hábeas corpus para que este recuperara su libertad. Esa información fue confirmada por la defensa a EL COLOMBIANO en noviembre de 2022 cuando ese recurso se hizo efectivo.
“El día viernes 25 de noviembre de 2022 fue presentada acción constitucional de Habeas Corpus, sustentada en el cumplimiento de pena y orden judicial impartido por el Juzgado 5 Penal de Ejecución de Penas de Bogotá, en el cual ordena la libertad inmediata del señor Francisco Javier Zuluaga Lindo; por esta razón y ante el incumplimiento de las autoridades competentes de cumplir dicha orden judicial, se hizo necesario interponer acción constitucional de Habeas Corpus por la ilegal prolongación de la privación libertad del detenido”, indica un comunicado de la bancada de la defensa, firmado por los abogados Angélica Martínez Cujar, Michell Pineda Ramírez y Antonio Guette Camargo.
Sin embargo, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, citó a una reunión al comité jurídico para verificar esa boleta de salida que quedó en firme el año pasado por pena cumplida. Al parecer, existe una medida de aseguramiento que no fue tramitada de manera regular.
“Gordo Lindo” estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, enfrentando un proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ligado a sus antiguos negocios con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el cartel del Norte del Valle.
Según el dosier criminal, Zuluaga llegó al paramilitarismo de la mano de uno de sus precursores, Carlos Castaño Gil. Fue comandante del bloque Calima, con influencia en Valle del Cauca, Chocó y Cauca; y posteriormente del bloque Pacífico, en suelo chocoano.
Entre los hechos atribuidos a su comandancia está la masacre del Naya, en Cauca, perpetrada en 2001, en la que fueron asesinadas 24 personas.
Se desmovilizó en 2005 y en 2008 fue extraditado a Estados Unidos. La justicia de ese país lo condenó a 21 años de cárcel inicialmente, por conspiración para importar cocaína.
Gracias a su cooperación con el sistema norteamericano, delatando a otros narcos, obtuvo una importante rebaja en la pena y solo estuvo tras las rejas 10 años.
