El debate que por años ha enfrentado al país sobre las funciones de la Procuraduría para destituir a funcionarios electos por voto popular podría llegar a su fin en las salas de la Corte Constitucional, quien deberá pronunciarse de fondo sobre si ese ente de control debería tener, o no, esa habilidad dentro de sus funciones.
El tema viene debatiéndose desde 2013, cuando el entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.
Desde ese entonces Petro –que ahora es el jefe de Estado– demandó la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que el tribunal internacional tumbara el fallo y estableciera que una entidad administrativa, como la Procuraduría, no puede destituir a funcionarios que han sido elegidos popularmente como lo era entonces Petro.
Ahora, la controversia está de nuevo sobre la mesa, pues el Congreso, que hace un par de años reformó la Procuraduría para que la entidad pudiera tomar decisiones judiciales como destituir a funcionarios de elección popular, busca todo lo contrario, que a la entidad le quede prohibido hacerlo.
Por supuesto, es el mismo Congreso, pero las mayorías piensan ahora de manera completamente opuesta y están guiadas por un aliciente adicional: que el presidente Petro quiere eliminar el rol de la Procuraduría.
Esta controversia, que pareciera no tener fin, podría quedar saldada con una decisión que tiene en sus manos la Corte Constitucional y que podría ser proferida en las próximas semanas.
La Corte estudia actualmente una demanda contra la Ley 1952 de 2019, la norma que le dio a la Procuraduría competencias judiciales.
Lo que tendrá que determinar la Corte es si la Procuraduría puede cumplir funciones de juez y, en general, si puede investigar o no a funcionarios que hayan sido elegidos popularmente.
Según los argumentos de los demandantes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la reforma va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos debido a que “desconoce que los funcionarios públicos de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo, según el estándar convencional, por condena de un juez competente en el marco de un proceso penal”.
Además, de acuerdo con la demanda, la reforma desnaturalizó el papel de la Procuraduría porque concentró en ella funciones disciplinarias y judiciales, lo que vulnera además el principio de separación de poderes.
Lo que se busca evitar es que las investigaciones disciplinarias sean utilizados como un mecanismo para perseguir políticamente a opositores, como en ese momento lo hizo Ordoñez con Petro, de acuerdo con la CIDH.
