Dieciséis meses después de que se conociera una denuncia de presuntos sobrecostos en mercados de emergencia para enfrentar la pandemia, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, Eduardo José González Angulo, y el secretario general del Ministerio de Salud, Gerardo Lubín Burgos Bernal.
El ente de control disciplinario investigará, por una parte, la suscripción y ejecución de dos contratos que sumaron $2.340 millones de pesos entre la UNGRD y la sociedad Proalimentos Liber S.A.S, los cuales se habrían realizado de forma directa, “sin tener en cuenta las disposiciones legales vigentes y sin verificar una sanción anterior por cartelización impuesta por la Superintendencia de Industria”. Ambos contratos se hicieron para adquirir kits alimenticios para entregar a los afectados económicamente por la pandemia.
Precisamente, la Contraloría General ya había abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra González en octubre del 2020, cuando se dio a conocer la investigación, por haber suscrito tales contratos con una empresa que habría hecho parte de un cartel de contratación en el Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá. Proalimentos Liber S.A.S se habría quedado con distintas licitaciones por hasta 1,5 billones de pesos por más de una década (2007-2017), según el pliego de cargos de la SIC consignado en la resolución 46587 de 2018.
