Así lo acaba de determinar el juez especializado al considerar que el actual proceso que adelanta la Fiscalía en contra del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, debe pasar a la Justicia Especial para la Paz.
En ese sentido, ahora el expediente de Aguilar Naranjo pasará a la JEP donde los magistrados decidirán si aceptan o no el ingreso del exgobernador, quien ya fue condenado por parapolítica.
De ser negada la petición el proceso contra Hugo Aguilar regresaría a la justicia ordinaria.
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Continúa preso
El exgobernador, Hugo Aguilar Naranjo (padre del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar), continúa purgando su condena por parapolítica Centro de Reclusión Militar del Batallón de Policía Militar N° 13 en Bogotá.
En diciembre del 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó la recaptura de Aguilar Naranjo al considerar que el exmandatario de Santander habría incumplido los acuerdos que se registraron durante su condena ocurrida en 2013, en la que el alto tribunal lo sentenció a nueve años de prisión y a pagar 10.750 salarios mínimos legales vigentes, por el delito de concierto para delinquir y su participación con el paramilitarismo.
Aguilar había conseguido su libertad en mayo de 2015 luego de firmar un acta avalada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil.
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Tras trámites que cursaron en más de un juzgado y tribunales, la Procuraduría solicitó que se dictará medida de aseguramiento dado que incumplió tales beneficios, pues a Aguilar, en otro proceso que cursa en los juzgados de Paloquemao, es investigado por tener en su poder un vehículo ostentoso que supera los $100 millones de valor comercial.
Lo que generó descontento de esta situación en el delegado del Ministerio Público es que Aguilar, en julio de 2014, manifestó su incapacidad económica absoluta respecto del pago de la pena de su condena, por lo que logró un acuerdo mensual de pago por 500 mil pesos, ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entidad en la que existe proceso de cobro de la misma.
Así las cosas, lo que expresó el alto tribunal es que “no puede ser burlado el principio de buena fe que rigen las actividades públicas y privadas, los bienes jurídicos que protegen la administración como tampoco los compromisos adquiridos ante la judicatura”.
