Las disidencias de las Farc mostraron la primera prueba de supervivencia desde que el soldado profesional Juan David Estrada Suárez fue secuestrado, el pasado sábado 12 de agosto entre Caloto y Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca.
En las imágenes puede verse la bandera del grupo armado, mientras Estrada, sentado en una silla, vestido con una sudadera oscura y una camiseta, mira fijamente a la cámara. Puede escucharse la voz de un hombre, quien atribuye su secuestro a la disidencia “Dagoberto Ramos”.
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“El prisionero de guerra se encuentra en óptimas condiciones de seguridad y salud. Esperamos la suspensión de la ofensiva pactada entre el Estado y las Farc EP para así poder trabajar en su pronta liberación”, dice la persona, quien parece estar leyendo un comunicado.
Horas más tardes, después de que la familia del militar conociera el video, se pronunció y pidió a los secuestradores que respeten su vida y solicitaron al Estado que interviniera en este caso, para lograr su pronta liberación.
“Somos personas campesinas y humildes, pedimos al señor presidente Gustavo Petro, a la Cruz Roja, a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al Ejército Nacional que intervengan, nos ayuden”, señalaron.
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El soldado Juan David Estrada, hace parte del Batallón de Operaciones Terrestres N° 13. Su secuestro se produjo, según un comunicado oficial, emitido por esa sección de las Fuerzas Militares, mientras se desplazaba con destino al casco urbano de Caloto, para comprar algunos víveres.
Fue interceptado por hombres armados, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, y en medio de un “estado de indefensión”, señala el documento.
La institución militar también calificó su secuestro como una “violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, por lo que el Ejército Nacional de forma categórica rechaza estos hechos e instaurará las denuncias antes las autoridades judiciales”.
La situación de violencia en el Cauca llevó a que el presidente Gustavo Petro realizara este lunes 14 de agosto, un Consejo de Seguridad de emergencia en la ciudad de Popayán, con el fin de adelantar acciones que permitan recuperar el control territorial, y la paz a sus habitantes, especialmente a los pueblos indígenas.
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Pero el secuestro del soldado Estrada no fue el único ataque contra las Fuerzas Militares que se registró el pasado fin de semana. Cuatro policías fueron asesinados en ese mismo departamento. Tres fueron emboscados y acribillados, y uno más murió por la detonación de un carro bomba.
Desde la capital del Cauca, el jefe de Estado presentó las distintas acciones que se desarrollarán, para evitar la repetición de hechos de violentos e hizo un llamado al cese de hostilidades.
“Ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte de los combatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades afros o mestizas, pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz es básicamente acabar la hostilidad con la población civil, en primer lugar, y en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas”, agregó.
Por lo que en los “próximos días y semanas se va a centrar en primer lugar en una sustitución de las economías ilícitas del departamento, en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. El Ejército será el eje central de esa sustitución, con el apoyo del campesinado, de los movimientos sociales, indígenas y afros”, apuntó Petro.
Así mismo, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, expresó, frente a las medidas, que, “esperamos que se vaya materializando poco a poco lo que se ha planteado, sabemos lo que históricamente hemos vivido en el departamento del Cauca y no es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana, pero esperamos mejores garantías de seguridad para que los caucanos podamos tener mayor tranquilidad”.
Del Consejo de Seguridad participaron los ministros de Defensa, Iván Velásquez, del Interior, Luis Fernando Velasco y representantes de la Fuerza Pública, y algunos alcaldes y alcaldesas de la región.
