Bajo el argumento de que en la Fuerza Pública existen 403.352 víctimas que no se han visto representadas en la justicia transicional, el presidente Iván Duque le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que cree que un macrocaso específico dedicado a investigar y sancionar los crímenes de las Farc contra la Fuerza Pública.
El informe, compuesto por 751 páginas con testimonios de militares y policías heridos bajo “formas ilegítimas de guerra”, se traduce en una solicitud directa del jefe de Estado al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, para que abra todo un expediente que indague por los crímenes de guerra que se cometieron “por medio del uso de armas no convencionales y prohibidas por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
Pero el anuncio de este viernes –que contó con la presencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y la JEP– se llevó a cabo en medio de tensiones y espaldarazos del presidente Duque al Sistema Integral para la Paz.
Mientras que el mandatario halagó a la Jurisdicción ante la Corte Penal Internacional (durante su visita a La Haya el 17 de febrero), también se enfrentó este martes a una discusión con la Comisión de la Verdad tras insinuar que fue descuidada por guardar material sensible en la casa de uno de sus investigadores y no bajo estrictos protocolos de seguridad.
Y no han sido las únicas ocasiones. Las tensiones entre Duque y la JEP empezaron incluso desde antes de que él se posesionara como presidente.
En 2017, mientras hacía campaña, Duque prometió modificar a la JEP “antes de su aprobación o por Acto Legislativo, referendo o Constituyente”.
En esa línea, el partido de Gobierno –Centro Democrático– propuso crear una Sala Especial para juzgar a los militares, un punto que no han logrado pero que lograría sus primeros pasos si la JEP acepta abrir el macrocaso que le solicita Duque.
En todo caso, la petición del mandatario llega apenas una semana después de que la JEP creara tres macrocasos adicionales que juzgarán vatios crímenes de las Farc, delitos cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares y violencias contra pueblos étnicos.
Bajo ese contexto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseveró que “le preocupa” que los reflectores solo estén en la Fuerza Pública y no en los verdaderos victimarios”, refiriéndose a las Farc, por lo que abrir esa investigación, según ellos, podría ayudar a equilibrar la carga.
Por ahora, el asunto no es más que una petición, pues la JEP tendrá que entrar a investigar y debatir si le corresponde, o no, abrir una investigación con ese enfoque. Lo cierto es que, dentro del sistema actual, los militares ya tienen espacios como víctimas y como victimarios ante la Jurisdicción Especial
