Un costoso contrato por más de 100.000 millones de pesos y a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, tiene en riesgo la seguridad del país y de unos 5.500 presos que usan los brazaletes electrónicos para vigilar que se mantengan en el perímetro que les exige la ley.
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Muy al estilo de la cuestionada licitación para la impresión de visas y pasaportes en el país –en la que hubo presuntas irregularidades que tienen en aprietos a la Cancillería de Álvaro Leyva– esta nueva licitación para servicios del Inpec tuvo modificaciones de última hora que, al parecer, beneficiarían a uno de los oferentes.
Tal como denunciaron por lo menos dos de las compañías que compiten para quedarse con la licitación, la entidad a cargo habría modificado las condiciones y los puntajes para favorecer la oferta de otra de las compañías.
“En la más reciente respuesta de la Uspec a las observaciones formuladas por las empresas interesadas, sorpresivamente y sin una justificación en el estudio previo, cambiaron las condiciones de asignación de puntaje buscando beneficiar a un interesado”, le dijo una fuente enterada del proceso a El Tiempo.
Pero no se trata de un contrato cualquiera. Según la licitación oficial, la adjudicación se hará por un total de 113.000 millones de pesos para garantizar el “monitoreo y funcionamiento” de todos los brazaletes electrónicos de uso carcelario en el país.
Como es bien sabido, dichos brazaletes electrónicos se usan con algunos presos “de alto nivel” o que se mantienen en casa por cárcel.
“Se usan con los usuarios que requieren de una atención especial y que tienen restricciones a su movilidad mientras pagan su condena por algún delito medio o grave”, explica el Inpec en su sitio web oficial.
Lo cierto es que esta no es la primera ocasión que el Gobierno tiene líos para adjudicar este polémico contrato.
¿Contrataciones a dedo?
Tal como informó la Procuraduría General de la Nación, este contrato para brazaletes electrónicos carcelarios ha sido asignado mediante la figura de “emergencia manifiesta” durante los últimos cuatro años de manera consecutiva.
Dicha figura –que también se tuvo que usar en el contrato de pasaportes– es una salida rápida que le permite al Gobierno otorgar un contrato directamente, y sin proceso de licitación, debido a la urgencia de que se cumpla con el servicio.
Para esta ocasión, por ejemplo, la Presidencia tuvo que declarar la emergencia luego de que los servicios del contratista llegaran a su finalización el pasado 26 de septiembre de 2023.
Desde ese día, el país está sin un contratista fijo para ejecutar ese contrato. Esto último pese a que el director de la Uspec, Ludwing Joel Valero Sáenz, había asegurado que el contrato debía estar asignado para mediados de noviembre, un plazo que no se cumplió.
Lo que sí aseguró el ministro de Justicia Néstor Osuna en ese momento es que “el monitoreo no para hasta que haya un nuevo contratista”, pues es un servicio indispensable para monitorear los reos del Inpec que “debe funcionar las 24 horas del día y los 7 días de las semana de manera ininterrumpida”, aseveró el ministro.
Pese a eso, la Procuraduría General de la Nación insistió en que el contrato no podía seguirse entregando por “urgencia manifiesta” y que debe haber una licitación transparente y objetiva donde haya pluralidad de oferentes y se escoja el más adecuado para prestar el servicio.
En la lupa de entes de control
Por eso y por las presuntas irregularidades es que dicho contrato está en la lupa de los entes de control. La Procuraduría, por ejemplo, también le solicitó al Uspec que envíe un oficio detallando con qué criterios técnicos modificó las condiciones y los puntajes.
Y no solo eso. El mismo Inpec le envió su propia queja a la Uspec asegurando que los cambios en el pliego de condiciones fueron presentados sin sustento y que, en palabras sencillas, no parecían necesarios teniendo en cuenta que se contrata un servicio (para la vigilancia y operación de los brazaletes) y no un producto.
Con todo eso, la Uspec está en el ojo del huracán por este y otros contratos relacionados con la población carcelaria. De continuar con las presuntas irregularidades, la licitación podría cancelarse para iniciar un proceso completamente nuevo, como ya ocurrió con el tema de los pasaportes.
Otros líos en contratos para el Inpec
Además de esos presuntos favorecimientos a favor de la compañía Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko), la Uspec también fue cuestionada la semana pasada por una licitación relacionada con la alimentación de la población carcelaria.
A menos de diez días de la adjudicación, la Procuraduría General de la Nación también señaló modificaciones y falta de planes alternos que podrían afectar a más de 124.000 personas privadas de la libertad. Según el Ministerio Público, la Uspec no ha contratado la empresa encargada de la interventoría, un punto clave para un contrato que supera los 800.000 millones de pesos. ”Así las cosas, el ente de control reitera que ejercerá estricto control sobre el proceso licitatorio para que cumpla con la rigurosidad de la normatividad de la contratación estatal”, concluyó la Procuraduría.
