Cauca y Bogotá son por estos días el epicentro de manifestaciones de las comunidades indígenas. La movilización más grande ocurre en la capital del país porque 4.500 manifestantes decidieron recorrer 12 horas en chivas y en bus, desde el suroccidente colombiano, para tratar de entablar un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro.
Los manifestantes permanecen acentuados sobre el parque de El Renacimiento de Bogotá y sostienen que solo regresarán a sus territorios cuando logren pactar acuerdos con el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.
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Están preocupados por el recrudecimiento del conflicto en su departamento, vulneraciones en su sistema de salud y solicitan que se les conceda mayor autonomía territorial.
“Hoy estamos tratando de hacer contención en los territorios, pero se ha dado una dura respuesta por parte de los violentos y de los actores armados, que son varios, y que intentan implementar el miedo para poder coptar nuestros ejercicios de Gobierno propio”, señaló Yesid Conda, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en diálogo con este diario.
Es que el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule, en marzo pasado, desató el rompimiento del cese al fuego bilateral con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y desató una confrontación armada que deja a las comunidades indígenas en la mitad y con el sufrimiento de las crisis humanitarias.
“Nosotros seguiremos rechazando la violencia y el conflicto armado. Lo que pedimos ahora al Gobierno Nacional es que incluya a la comunidad indígena y a todos los sectores de la sociedad civil dentro de las mesas de paz. Finalmente, los acuerdos no pueden involucrar solo al actor armado y al Gobierno, sino a todas las personas que estamos siendo afectadas por la violencia en los territorios”, afirmó Conda.
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Solamente el domingo pasado, ilegales asesinaron al guardia indígena y presidente de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Viejo, Víctor Alfonso Yule Medina, en el municipio caucano de Toribío.
“En esa paz necesitamos la participación de las comunidades porque nosotros, precisamente, somos quienes monitoreamos lo que ocurre en ellos. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado constantemente el reclutamiento forzado de nuestros menores por parte de los actores armados”, añadió el vocero de la Cric.
Los manifestantes en Bogotá representan a los pueblos indígenas de Nasa, Yanakuna, Kokonuko, Misak, Ambaló, Kisgo, Polindaras, Totoróez, Eperâara Siapidâara e Inga. Afirmaron que solo hasta ahora empiezan a entablar los primeros acercamientos con el Gobierno para definir la ruta de los diálogos.
Las comunidades también han manifestado su preocupación por la aparente intención de adjudicar predios a terceros o convertir terrenos en baldíos que, históricamente, han estado ubicados en zonas de los indígenas.
“Es necesario sentarnos a revisar algunos procedimientos jurídicos y administrativos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. En los territorios que siempre hemos habitado milenariamente, hoy están afectados por algunas intenciones de declararlos baldíos o concederlos a otras figuras territoriales distintas a los territorios colectivos indígenas. Para nosotros el territorio determina nuestra identidad y nuestra economía”, afirmó el consejero.
Los manifestantes también aseguraron que en sus territorios se vive una crisis humanitaria por cuenta de las imposibilidades de acceder al sistema de salud y afirmaron que, entre sus pliegos de peticiones, traen propuestas para fortalecer el sistema de salud indígena.
“Aquí estaremos hasta que logremos esa conversa política con el gobierno nacional, y poder plantear unas rutas para avanzar en esas problemáticas que ya hemos planteado”, puntualizó el líder indígena.
La situación de protesta se replica en Cajibió (Cauca). Allí permanecen las Autoridades Indígenas del Suroccidente de Colombia bajo un paro indefinido por el que, dicen, es el incumplimiento del Gobierno en la firma de un decreto que les concede autonomía territorial.
Las manifestaciones han enfrentado a indígenas y a la Fuerza Pública. En la mañana de este 21 de agosto un hombre de 60 años murió luego de ser alcanzado por un artefacto explosivo, un policía está herido de gravedad y un comunero indígena fue alcanzado por un proyectil en la cabeza. El Gobierno rechazó las vías de hecho y afirmó que el decreto en cuestión están bajo análisis jurídico.
“A pesar de nuestros esfuerzos por establecer un diálogo constructivo, el gobierno ha optado por incumplir sus promesas, demostrando una falta de respeto hacia nuestros derechos como pueblos originarios. Ante esta situación, nos hemos visto obligados a movilizarnos y a ejercer nuestro derecho legítimo a la protesta”, señaló la Aiso en un comunicado.
