Quien presida la autoridad electoral desde finales de septiembre será determinante para elecciones. Se impondría conservador que llegó con guiño de aliado de Petro.
Desde hace semanas se libra una silenciosa pero determinante y fuerte batalla en los pasillos del Consejo Nacional Electoral (CNE). La disputa, que se libra voto a voto, es por quién será el próximo presidente del organismo, en reemplazo de la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico.
No es una puja cualquiera. En juego están las riendas de la autoridad que –a poco más de un mes para los comicios regionales del 29 de octubre–, tiene la tarea de regular, inspeccionar y vigilar la actividad electoral de partidos, directivos, candidatos y grupos significativos de ciudadanos.
Además, entre sus facultades tiene la potestad de revocar la inscripción de aspirantes o anular la personería jurídica (reconocimiento legal) de movimientos políticos.
El puesto es codiciado además por la celeridad o demora que puede llegar a ponerle el presidente elegido a las investigaciones contra algunos partidos y dirigentes. En este contexto no pueden pasar por alto los procesos en el CNE contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña.
“El presidente toma decisiones de distinto orden: maneja el orden del día, lo somete a consideración, encabeza las salas y vela por el reparto de procesos. En época electoral se convierte en un funcionario muy importante”, explicó el exmagistrado Armando Novoa, quien hoy aspira a ser registrador.
Si bien desde hace meses los acuerdos en el CNE –un ente que no deja de ser político y que, de hecho, está conformado por delegados de los partidos mayoritarios en el Congreso–, indicaban que el ungido sería el conservador Alfonso Campo, le salió competencia. Se trata del excongresista César Lorduy, de Cambio Radical y afín al clan Char de la Costa Atlántica.
Para ser elegido presidente de la corporación, según la norma, se necesitan las 2/3 partes de los votos. Pese a que en el papel el CNE cuenta con 10 magistrados, en realidad solo hay 8, pues la elección del magistrado Altus Baquero (Liberal) fue anulada por no cumplir los requisitos, mientras que el magistrado Pablo Cruz (Comunes), cuenta con voz, pero no con voto. Así las cosas, se necesitarían los apoyos de 6 de los 8 magistrados.
Fuentes al interior de la autoridad electoral que pidieron no ser nombradas aseguraron que, dadas las posturas cada vez más desafiantes del Partido Conservador en el Congreso –que pasó de la coalición de gobierno a la independencia–, las dos magistradas del Pacto, el Verde y el Liberal no apoyarían a Campo. Es decir, 4 votos menos de los 8 requeridos, lo que echaría al traste su aspiración.
Un caso similar ocurre con Lorduy, a quien le cobran ser de oposición y que apenas aglutinaría el voto de Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático). Sin embargo, hay fuentes que advirtieron que Prada tomaría distancia de Lorduy, quien trataría de aruñarle votos a verdes y liberales.
De allí los movimientos cada vez más intensos de lado y lado para sumar mayorías: “La elección es dentro de 2 semanas. Allí se resolverá el tema. Lo importante es que hay buena armonía dentro del CNE”, se limitó a responder a EL COLOMBIANO Campo. A su turno, Lorduy destacó su “experiencia, conocimiento y dedicación” para llegar al puesto. “Cuento con mis atributos y virtudes”, agregó.
Al interior del CNE se rumora que Alfonso Campo les estaría coqueteando a sus colegas del Pacto, Alianza Verde y Partido Liberal para sumar respaldos. No puede pasar por alto que, si bien Campo fue director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en tiempos de Iván Duque, llegó a la corporación con el guiño del senador conservador Carlos Trujillo, quien es cercano al petrismo.
En medio de la puja se habla de un tercer nombre que podría dejar a la mayoría contentos: se trata de la exsenadora Martiza Martínez. Sin embargo, también le cobran por las posturas de su partido, La U, que abandonó el barco de la coalición de Petro para migrar a la independencia. Por ahora, la magistrada no ha confirmado su candidatura y se asegura que “adelanta conversaciones para decidir si se lanza al agua o no”.
Con todo, aún queda una palomilla para el magistrado Campo. Según el reglamento, en caso de que no haya unanimidad y ninguno de los candidatos logre los votos requeridos, la elección se haría por orden alfabético y en ese caso, el ungido sería el propio Campo.
Por todo esto, hay quienes desde el oficialismo buscan una tercería que logre sumar apoyos. El caso contrario sería recurrir al “hacerse pasito” con Campo para no acentuar las diferencias. Se prevé que la elección sea a fin de mes, por ello se da por hecho que se acentuarán los movimientos de cada bando.
“Lo importante es que llegue alguien que ofrezca garantías y serenidad, pero que sobre todo sea independiente respecto a la Registraduría”, concluyó a su turno la expresidenta de la corporación Doris Méndez.
