Una de las denuncias que recoge el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella -y que hace parte de los casos presentados este martes ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría- señala presuntas irregularidades dentro de la UNGRD.
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En el documento que hizo su equipo de empalme, el nuevo gobierno indica que la entidad encargada de atender los desastres naturales giró $856.000 millones sin una declaratoria de urgencia manifiesta, perdió el rastro de $1,38 billones, entre otros hallazgos.
Los señalamientos hacen parte del llamado “Libro de la verdad”, entregado este martes y que reúne más de 80 casos de presunta corrupción.
Según el documento, la entidad giró $856.000 millones sin que mediara una declaratoria de urgencia manifiesta que lo justificara, y “perdió el rastro” de $1,38 billones adicionales. Sobre ese tema no se presentan más pruebas.
El informe agrega un dato sobre la ejecución presupuestal de la entidad durante el cuatrienio Petro: de los $15,3 billones asignados, solo se habría ejecutado el 4,3 % del presupuesto.
La ejecución anual muestra una tendencia decreciente: 9,4% en 2022, 5,8% en 2023, 9,8% en 2024, 4,4% en 2025 y 0,2% a junio de 2026.
A esto se suma otra alerta, según hallazgos de la Contraloría, no se habrían reintegrado $240.766 millones relacionados convenios ya vencidos con el IGAC y MinVivienda.
Sobre esa misma entidad, la Contraloría detectó $223.988 millones en hallazgos fiscales en 106 proyectos financiados con regalías en la Región Caribe; el 55 % tuvo observaciones fiscales. Entre los casos más graves está La Mojana, donde solo se ejecutó 0,82 % de los $568.453 millones presupuestados para 2025.
También hay $6.759 millones en canastas para La Guajira cuya entrega y calidad no pudieron ser acreditadas por la Contraloría.
La entidad llamada a liderar la reconstrucción del país tras el terremoto que golpeó al occidente de Colombia es justamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pero esa misma entidad llega a este momento golpeada por señalamientos de corrupción que se suman a algunos que el nuevo gobierno acaba de formalizar ante la Fiscalía y los organismos de control.
Durante los últimos años, la UNGRD ha estado en el centro de la conversación pública, luego de que se conociera el escándalo por el manejo de contratos para llevar agua potable en carrotanques a comunidades de La Guajira caso que derivó en investigaciones penales contra exfuncionarios.
Nóminas paralelas y otros hallazgos
Más allá de la UNGRD, el texto indica que entre 2022 y el 9 de julio de 2026 se firmaron 1.085 contratos por $1,78 billones. De ese monto, el 94,3 % ($1,68 billones) fue ejecutado por el ICBF Regional La Guajira, “sin que ese incremento sostenido se traduzca en mejoras verificables en el bienestar de las comunidades”, se lee en el documento.
Y sobre la contratación pública, De la Espriella habló de lo que calificó como una “nómina paralela” en el Estado, conformada por cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios suscritos en distintas entidades del orden nacional. El mandatario sostuvo que el uso desmedido de esa figura contractual habría generado un pasivo considerable para las finanzas públicas, de supuestamente 5 billones de pesos.
La fiscal Luz Adriana Camargo se comprometió a que los hechos denunciados serán objeto de verificación, pero llamó a que las instituciones actúen con prudencia y dentro del marco de las garantías procesales de quienes resulten mencionados en las investigaciones.
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Preguntas y respuestas
- ¿Qué es el “Libro de la verdad” que entregó De la Espriella?
- Es un informe del gobierno de Abelardo de la Espriella con más de 80 hallazgos de presuntas irregularidades en la administración de Gustavo Petro, entregado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para su verificación.
- ¿Qué denuncias hay contra la UNGRD en el “Libro de la verdad”?
- El documento señala que la entidad giró $856.000 millones sin urgencia manifiesta, perdió el rastro de $1,38 billones y solo ejecutó el 4,3 % de los $15,3 billones asignados para el cuatrienio Petro.
- ¿Qué son las “nóminas paralelas” que mencionó De la Espriella?
- Es el nombre que el presidente dio a cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios suscritos en el Estado, una figura que —según él— se usó de forma desmedida y generó un pasivo importante para las finanzas públicas.
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