La Policía detalló que Medellín y Bello están en la lista de municipios que podrían presentar alteraciones al orden público tras la jornada electoral de este domingo 13 de marzo, en la que los colombianos votaron para elegir un nuevo Congreso y definir los ganadores de tres coaliciones a la Presidencia.
“Tenemos información recolectada, tanto por personas que se han acercado a la Policía Nacional, como en perfiles que estamos detallando su autenticidad, de convocatorias para generar actos de violencia”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia.
Bogotá, Madrid, Soacha, Mocoa, Manizales, Pasto, Popayán, Cali, Cartago, Tuluá, Bello, Medellín, Montería, Acacías, Puerto Rico, San Juan del César y otros son los municipios en los que podrían presentarse hechos de violencia tras las votaciones de esta jornada.
“La información que tenemos es que quieren articular actos contrarios a la ley colombiana. Ataque a edificios públicos, a servidor públicos, quema y destrucción de material electoral”, detalló general Jorge Luis Vargas Valencia.
En total son 23 municipios los que están en riesgo de posibles situaciones de alteración al orden público. Por eso, la Policía Nacional indicó que aplicarán la ley de seguridad ciudadana en conjunto con alcaldes y gobernadores.
Durante las elecciones de este 13 de marzo se registraron tres intervenciones del Esmad en Guachaca, Sabanalarga y El Roble (Tumaco). En este último destruyeron los elementos que estaban dispuestos para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto.
“Ahora iniciamos una nueva fase de protección a jurados y testigos electorales así como garantizarle la seguridad al traslado del material electoral hasta la Registraduría”, afirmó el ministro de Defensa, Diego Molano.
También se presentaron 17 capturas en 10 departamentos, entre ellos Antioquia. Del total de aprensiones, 10 se efectuaron por el delito de corrupción al sufragante.
Para los comicios fueron instaladas 112 mil mesas y 17 de estas tuvieron que ser trasladadas. A través de la plataforma URIEL, del Ministerio del Interior, se han radicado 662 quejas de presuntas irregularidades.
