Las decisiones que en las últimas semanas tomaron la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la creación de las 16 curules adicionales en la Cámara o las llamadas curules de paz, implican que los nuevos representantes, víctimas y líderes sociales de 167 de los municipios más afectados por el conflicto armado y la pobreza, sean votados en las elecciones de marzo próximo, para el periodo 2022-2026. Cabe recordar que estas curules funcionarán solo dos periodos electorales, es decir, la segunda votación será para 2026-2030.
Las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz (ver gráfico) forman parte del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las antiguas Farc, y coinciden con los municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan estabilizar y transformar estos territorios. Aunque el Ministerio del Interior radicó en 2017 el proyecto de acto legislativo para crear las 16 curules, este fue archivado por enredos en el conteo de votos durante su aprobación en el Senado, situación que se revierte con los fallos de la Corte y el Consejo de Estado.
Hoy, a ocho meses de las votaciones para Senado y Cámara, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, afirmó que la entidad está proyectando las elecciones en las 16 circunscripciones. “Si, hacia final de año, el acto legislativo queda en firme y se nos notifica, esas curules de paz se elegirían el 13 de marzo del 2022”, precisó, y agregó que los candidatos estarían incluidos en la misma tarjeta electoral para los comicios ordinarios del Congreso.
¿Cuáles son los retos?
Yolanda Perea, defensora de derechos humanos y consejera nacional de paz, anotó que muchas víctimas esperan que se den a conocer pronto los detalles logísticos para las elecciones. “Como víctimas directas del conflicto debemos participar y tener una voz propia. Sin embargo, la creación de estas 16 curules exige veeduría y seguimiento para brindar transparencia, garantías de participación y protección a los candidatos, pero también para que las comunidades ejerzan su derecho al voto sin percances”, manifestó.
La seguridad es uno de los desafíos en los 167 municipios que conforman las circunscripciones, en tanto que concentran casi la mitad de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales que se ha registrado en todo el país entre 2016 y 2021. Así lo indicó Diego Alejandro Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral (MOE). Para él, esta situación se agrava porque dichos municipios están en zonas rurales “desprotegidas, solo con cobertura estatal de presencia militar, pero con poco acceso a servicios y bienes públicos”.
Ligado a esta realidad, añadió Rubiano, existe el riesgo de que haya dificultades para que los ciudadanos de estos lugares accedan al derecho al voto para elegir al representante a la Cámara que debe salir de cada circunscripción. Esto se debe, señaló, a que estos territorios tienen cobertura deficiente de puestos de votación y algunos son tan apartados que, en unas elecciones tradicionales, los residentes se deben desplazar hasta seis horas para llegar a las mesas. “Hay un llamado desde la ley para constituir nuevos puestos de votación, pero, realmente, hay muy poca certeza de cómo se va a realizar”, dijo.
Para elegir estos 16 representantes, según el acto legislativo, “se excluirán las cabeceras municipales que superen los 10.000 ciudadanos aptos para votar y solo se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de estos”. Al respecto, Juan David Betancur, presidente de la corporación Víctimas de Occidente Urabá (Vida), que está en la circunscripción 16, expresó que las instituciones encargadas del proceso deben tener en cuenta que muchas víctimas se desplazaron a zonas urbanas y no han podido retornar a sus hogares en la ruralidad. “Estamos pidiendo que se autorice que, quienes estamos en la zona urbana, podamos votar allí, así sea una mesa de la zona rural”, sostuvo.
Según lo establecido en el acto legislativo, la financiación de las campañas de los aspirantes a las 16 curules será preponderantemente estatal y los candidatos solo pueden ser inscritos por organizaciones sociales, de mujeres, de víctimas, de campesinos o por grupos significativos de ciudadanos de alguno de los municipios incluidos. Asimismo, podrán participar integrantes de consejos comunitarios afro y resguardos indígenas que tengan presencia en estos territorios, pero no podrán hacerlo partidos ni movimientos políticos con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica, incluido el partido Comunes.
Sin embargo, el general (R) Luis Mendieta, considera que estas curules serán ocupadas por exintegrantes de las Farc que están en esas zonas o por familiares y seguidores de su movimiento político. Por ello, dijo no sentirse representado en su condición de víctima de secuestro: “Los nueve millones de víctimas del país no vamos a poder votar por esos representantes y gran parte de las víctimas de esas circunscripciones está en las cabeceras municipales y las ciudades porque fueron desplazadas de las zonas rurales”.
Con esta postura difiere Perea, quien buscará ser candidata en la circunscripción 6, que incluye a su municipio de origen, Riosucio: “Pienso hacer el ejercicio político y no soy guerrillera, soy víctima directa de las Farc, por violencia sexual, un aborto y el asesinato de mi madre. Quiero levantar la voz, pero nuestro miedo es que nos empiecen a asesinar o estigmatizar. Por eso, el Estado debe garantizar que no entren a jugar partidos políticos, reincorporados o fuerzas armadas ilegales”.
Perea también expresó que espera que los representantes elegidos, tal como ella lo haría, aprovechen este ejercicio de participación política, que, según expresó, incidirá en la implementación de los acuerdos de paz. En su caso, aseguró, impulsará iniciativas para mejorar el acceso de las víctimas a empleo, educación, vivienda, tierras, salud, cultura y participación, así como para disminuir el reclutamiento de niños y adolescentes y mejorar la calidad de vida de las comunidades en general.
