La tasa ya fue aprobada y se cobra en Antioquia y Atlántico. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro asegura que es un impuesto “regresivo”.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, defendió recientemente el proyecto ‘Tasa Especial de Seguridad Multidimensional’, el cual se encuentra en discusión por la Asamblea Departamental del municipio y busca implementar un cargo tributario para algunos estratos en la región.
En principio, el impuesto sería cobrado a los estratos 4,5 y 6, el estrato 3 estaba incluido en la propuesta, pero se descartó luego de una reunión con los diputados. Según el gobernador, el recaudo sería invertido en mejorar los cuerpos de seguridad en el municipio. En el caso de Santander, el cobro propuesto es de 66 pesos colombianos por kilovatio consumido, es decir, se cobrarán 6.600 pesos por cada 100 kilovatios consumidos al mes.
“Esto nos va a ayudar a darle las cámaras a los municipios que las necesitan, a darle la movilidad a la Fuerza Pública que se necesitan, a arreglarle las instalaciones a los soldados y policías que lo necesitan, pero también para arreglar los escenarios deportivos y la seguridad vial”, expresó Díaz en un video publicado en su cuenta personal de X.
El video fue en respuesta a las críticas del diputado Danovis Lozano, del partido Alianza Verde, y del concejal bumangués, Carlos Parra, quienes afirmaron que: “Juvenal prometió seguridad al 100, pero al 100 % del bolsillo de la gente, a los impuestos nuevos que quieren crear”.
Juvenal se defendió asegurando que Lozano está “engañando a la opinión pública” y que lo que está proponiendo “es una tasa a la seguridad, establecida en una ley del 2010, que ya tienen departamentos como Antioquia, Sucre, Bolívar, Atlántico, y que nos va a servir para mejorar la seguridad”,
La medida no solo ha generado rechazo por parte de políticos en Santander, sino que recientemente también fue criticada por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Allí afirmó: “cuando se colocan sobretasas de cualquier tipo sobre facturas del agua o de la energía, se están poniendo impuestos de tipo regresivo en general a toda la población. La constitución nos ordena es ponerlas de manera progresiva, es decir, que afecten más a los que más tienen y no a los que menos”.
Además, añadió: “una tarifa sobre agua o energía, afecta por igual arrendatarios o propietarios. En esto es mejor dejar los servicios públicos esenciales sin este tipo de sobretarifas, que crean es más inseguridad y ponerlas, si es necesario, por parte de los mandatarios y corporaciones locales, sobre la propiedad y de manera estratificada”.
El presidente también volvió a mencionar la propuesta que hizo en el pasado de financiar el transporte público por medio de cobros en las facturas de servicio público. “El transporte público masivo, podría ser gratuito, si se financia de esta manera, por ejemplo. Sería una gran medida de descongestión para las grandes ciudades”.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, también se pronunció en rechazo a la propuesta, y pidió que se revise “con rigor y responsabilidad” la medida para que “se tenga en cuenta a la ciudadanía, puesto que es un servicio público esencial al que tienen derecho todos los colombianos y colombianas”.
En rueda de prensa añadió que el proyecto “se trata de la misma tasa de seguridad que tienen los habitantes del departamento del Atlántico y contra la que llevan luchando varios años, el cobro de esta tasa trae consigo implicaciones jurídicas y económicas donde se les impone a los usuarios un valor fijo independiente de su consumo de energía, lo que contradice los principios de justicia y equidad tributaria establecidos en la Constitución”.
Tanto el presidente Petro como el ministro de Minas y Energía hicieron referencia a que el proyecto va contra la Constitución colombiana. En este caso, los proyectos de Santander, Antioquia, Bolívar y Atlántico están sustentados en el artículo 12 de la Ley 2272 de 2022, que permite emitir ese tipo de cobros cuando un usuario de suscribe a un servicio. Este cobro, según la Ley, no debería hacerse mensualmente.
Sin embargo, el proyecto, al menos en Santander, no está aprobado aún. Hasta el momento solo fue aprobado en primer debate en la Asamblea de Santander, y la administración del municipio espera que en el mes de abril la propuesta sea discutida y aprobada en segundo debate.
