Ante la indignación que se desató en diversos sectores –incluidos afines al Gobierno– por la posibilidad de que el desertor de la paz “Iván Márquez” apareciera otra vez en una mesa de negociación para desarmar a su narcodisidencias, la coalición petrista del Congreso puso un freno.
La razón es que el concepto de paz total sí puede cobijar a este sujeto –quien firmó los acuerdos de paz con las Farc en 2016 y luego terminó dejándolos tirados para volver a las armas y el narcotráfico–, pero solo bajo las figuras del sometimiento o del acogimiento.
Eso se traduce en que no tendría estatus político y que, si quiere por tercera vez salir de la ilegalidad, debe asumir algún tipo de condena penal que, eventualmente, lo ponga un tiempo tras las rejas.
El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde y ponente de la reforma a la ley de orden público, aseguró que para ese tipo de personas –como “Márquez”– no se permitirá una nueva negociación, pero sí se insistirá en que dejen las armas.
“Si se llegara a dar algo con ‘Iván Márquez’, tendría que haber una reforma constitucional. Está claro en la negociación, porque los acuerdos de paz fueron incorporados en la Constitución, que serán beneficiados los que firmaron y cometieron delitos antes del 1 de diciembre de 2016, no con posterioridad. Eso está clarísimo”, aseveró el congresista.
Eso se traduce en que si el Gobierno del presidente Gustavo Petro quisiera negociar de alguna forma con “Márquez”, posibilidad que se abrió cuando el comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que se había dialogado con él para explorar mecanismos para que dejara las armas, se tendría que reformar la Carta Política porque el ahora narcodisidente es un desertor de la paz. Sumado a eso, Ávila detalló que, tal como fue aprobado el proyecto de paz total, el Gobierno queda con dos facultades para aplicarlas a los distintos grupos armados: la de avanzar hacia negociaciones de paz y la de buscar sometimientos a la justicia.
Este último ítem sería el de aplicar a “Márquez”, pero, con la creación de las llamadas regiones de paz, donde el Estado va a invertir recursos económicos para superar las causas estructurales de la guerra –en palabras de Ávila–, podría analizarse su acercamiento a través de esa figura. En todo caso, de acuerdo con Ávila y con el comisionado Rueda, sí se va a buscar el desarme y la reincorporación de quienes incumplieron el acuerdo de La Habana, pero no bajo figuras similares. Hay expectativa.
