Resulta paradójico que justo el 7 de agosto, cuando Colombia conmemora la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro, desde el otro extremo del país, en Leticia (Amazonas), atizara la disputa diplomática con Perú por la isla de Santa Rosa. El mandatario emitió una declaración de Estado de seis puntos en la que desconoció la soberanía peruana sobre la isla, calificó de inaceptable la presencia de Lima en la zona y, a la vez, aceptó reunirse con el gobierno de Dina Boluarte el 11 y 12 de septiembre para buscar una salida al diferendo.
La reacción del Perú no tardó: rechazó “categóricamente” las afirmaciones del presidente colombiano, reafirmó su soberanía sobre la isla y defendió su presencia institucional en el distrito de Santa Rosa de Loreto. El conflicto, sin embargo, está lejos de resolverse.
En Leticia, el mandatario estuvo rodeado de varios de sus funcionarios más cercanos, como no se le veía desde hace tiempo. Caminó junto a la vicepresidenta Francia Márquez y su nuevo escudero, Alfredo Saade, jefe de gabinete. Desde ese territorio fronterizo, el mandatario aprovechó para marcar posición frente al Perú en la disputa por la isla de Santa Rosa.
Este 7 de agosto fue diferente. El mandatario conmemoró la Batalla de Boyacá, lejos de Boyacá. Se fue para el Amazonas. Y no parece casualidad que lo haya hecho justo cuando crece la tensión diplomática con Perú.
En su extenso discurso, el mandatario advirtió que el territorio no fue asignado a ninguna de las dos repúblicas tras el tratado de 1929 y, por tanto, la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto constituye un “acto unilateral”.
“La ley por medio de la cual crea el distrito Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada, y establece límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”, afirmó el presidente durante su intervención en el acto militar por los 206 años de la Batalla de Boyacá y el aniversario 215 del Ejército Nacional este jueves.
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Frente a la declaración de Petro, el Gobierno de Perú respondió: “No existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna otra de nuestras fronteras”.
Lo que viene en el último año
En tres años, el presidente Gustavo Petro ha intentado transformar el Estado, pero su impulso inicial se ha ido desgastando entre peleas con las cortes, rupturas con sus aliados y crisis internas. Petro quiso ser el presidente de las grandes reformas: la salud, las pensiones, el trabajo.
Pero el tiempo se le agota y ninguna ha cruzado aún la meta. Lo que sí ha crecido es la incertidumbre: la jurídica, la económica, la institucional. Y aunque el presidente insiste en que el cambio sigue en marcha, lo cierto es que cada vez depende más de su palabra que de sus hechos.
En la actualidad, el Senado se dispone a retomar la discusión de la reforma a la salud en tercer debate. Mientras eso ocurre, el Gobierno firmó el Decreto 0858 de 2025, el cual, según expertos, materializa e implementa de facto la iniciativa.
El gran reto del Gobierno es la estabilidad financiera del sector. El experto, Augusto Acosta destacó que en los últimos años el sistema de salud ha tenido un aumento significativo de los usuarios y los servicios que son solicitados anualmente, un hecho que dadas las condiciones actuales, deteriora continuamente la sostenibilidad del sistema.
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Además, el Congreso deberá dar trámite al recién radicado proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2026. Desde ya, analistas advierten que el monto de la reforma tributaria sería sin precedentes: $26,3 billones.
El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, criticó duramente el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, asegurando que evidencia un crecimiento desbordado en el gasto de funcionamiento, la burocracia y la contratación de personal, mientras se sacrifica la inversión social y productiva.
Petro se va. Aunque no es lo que quisiera su jefe de gabinete, Alfredo Saade, quien sueña con perpetuarlo al menos 20 años más. Lejos de esa ilusión que bordea lo delirante, lo cierto es que al presidente le queda solo un año. Su gobierno ya transita la recta final y aún no está claro si su proyecto político sobreviva. Las encuestas no lo favorecen, las reformas avanzan con dificultad en el Congreso y su coalición está cada vez más fragmentada. Él, sin embargo, insiste en que el poder real no está en el Legislativo ni en los partidos, sino en la calle.
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