Al sancionar su Plan de Desarrollo, desde Guainía, el mandatario alertó por vacíos en materia de adquisición de tierras y avances para la reforma agraria.
El presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer en su controvertido plan de “democratización” del campo colombiano y este viernes, al sancionar su Plan de Desarrollo, levantó roncha y prendió las alarmas al arreciar en su propósito de adquirir, a como dé lugar, tierras improductivas y fértiles para ponerlas al servicio de campesinos.
Al reconocer que el proyecto “no fue lo suficientemente audaz” y lamentar –indirectamente–, que no prosperó la ‘expropiación exprés’ que se planteó en la iniciativa, el mandatario lanzó una fuerte advertencia con dejo de amenaza. Según Petro, ante las trabas y barreras que se encontró en el Congreso para poner a andar su reforma agraria y recuperar tierras productivas, su Gobierno está obligado a acudir a las “formas más radicales de ir por la tierra”.
“Hay que pasar por encima, saltar, y seguir adelante, porque nos obligan a las formas más radicales que las leyes actuales establecen para ir por la tierra, cuando pudo ser más tranquilo”, señaló el mandatario desde el resguardo indígena de El Remanso, en el municipio de Inírida (Guainía), donde sancionó su Plan de Desarrollo acompañado de su gabinete y congresistas de la bancada de gobierno.
El Jefe de Estado –quien criticó la “mentalidad feudal” que persiste entre los dueños de la tierra– fue más allá y, aunque defendió que busca un proceso de diálogo y sin trampa, fue tajante al señalar que su Gobierno pretende concretar la reforma agraria: “Hablaremos para que sea voluntario, pero vamos por la tierra. La tierra debe tener una función social: producir, no tenerla”.
Por todo esto, lamentó que el Legislativo no haya sido más ambicioso para hacer realidad la reforma agraria y manifestó que la tierra es la base de la paz y la justicia social –justamente los pilares de la hoja de ruta del Gobierno para los próximos 4 años–. “Es una enorme irresponsabilidad histórica que tengo que nombrar aquí, porque es una de las grandes manchas del Plan de Desarrollo. Es un vacío que no permite la construcción en el almendro mismo de la construcción de paz”, dijo.
Si bien el Presidente enmarcó su anuncio en la legalidad y al apego jurídico, el invocar “las formas más radicales de ir por la tierra” generó desconfianza y reavivó el revuelo que parecía haberse disipado a principios de mes cuando el Ejecutivo retiró el controvertido artículo del Plan de Desarrollo que obligaba a propietarios de latifundios a vender sus predios bajo la figura de democratización.
De hecho, justo esta semana, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) destacó que, para evitar situaciones de expropiación, ha ofrecido al Gobierno Petro 448.000 hectáreas para dar vía libre a la reforma agraria, de las cuales al menos 120.000 “son viables”.
El profesor Sergio Roldán, abogado consultor en restitución de tierras y derecho agrario, e integrante del grupo de investigación en Derecho de Tierras de la Universidad Externado, explicó que, según la normativa actual, Petro podría apostar a 3 mecanismos “radicales” para agilizar su controvertida adquisición de tierras.
El primero sería la expropiación formal, un método que no deja de atemorizar a varios sectores sociales y políticos que evocan lo ocurrido en Venezuela con Hugo Chávez. Bajo esta figura, el propietario se ve obligado a entregar su tierra al Estado en beneficio de la comunidad en una operación en la que media una indemnización previa.
“Un ejemplo claro de expropiación es lo que ha ocurrido con los terrenos que se han adquirido en Bogotá donde está el trazado de la primera línea del metro. También en aquellos predios donde van carreteras como la ruta del sol”, señaló Roldán.
El segundo mecanismo sería la extinción de dominio. “La Constitución, en sus artículos 58, 65 y 66, reivindicó que la propiedad debe cumplir con una función social y ecológica. El Gobierno podría determinar que si estos preceptos no se cumplen, el Estado podría acudir a la extinción de dominio. Sin duda, es la medida más dura y poco se ha usado”, agregó.
El profesor señaló que la función social está ligada íntimamente a la productividad de la tierra: “Imagine que usted tiene 100 hectáreas y 70 de ellas son improductivas. Ahí se estaría incumpliendo la función social. O que usted desvíe un río para regar sus siembras. Allí se estaría incumpliendo con la función ecológica de la propiedad”.
Una tercera vía sería la recuperación de baldíos de la Nación indebidamente apropiados por particulares. “Por vía de juicios de pertinencia, muchos jueces terminaron acreditando la propiedad de terrenos baldíos a gente. El lío es que hubo una mala interpretación de la ley, porque esos bienes baldíos son imprescriptibles y enajenables”, precisó el docente.
Por su parte, el abogado Camilo Díaz, experto en Derecho de Tierras, sostuvo que hay espacio para un cuarto camino que, de hecho, quedó contemplado en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc: actualizar el catastro multipropósito, es decir, el censo del valor de los bienes, que podría conducir a que predios que hoy pagar por el impuesto predial, por ejemplo, $1 millón por 10 hectáreas, ahora con la actualización pague el valor correspondiente a 2023.
“Lo que se necesita realmente es inversión para las entidades encargadas de llevar a cabo la implementación de la reforma agraria. Eso significa mayor capacidad de personal, tecnología y compra directa de predios. Se necesita celeridad de las entidades”, sostuvo Díaz.
El desafío ahora será para Petro, quien está llamado a disipar los miedos y cuestionamientos alrededor del cómo atajará el problema de tierras en Colombia, donde se calcula que el 1 % de la población concentra el 80 % de la propiedad rural. Sin duda, la amenaza no será el camino.
Acuerdo para la compra de tierras
Esta semana, el Gobierno Petro y Fedegan concretaron un acuerdo para que el Ejecutivo compre casi 500.000 hectáreas de tierra como una medida para avanzar en la reforma agraria.
“Hay alrededor de 448.000 hectáreas que llegaron de manera voluntaria para la venta”, destacó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
Según la funcionaria, de las 448.000 hectáreas ofertadas, alrededor de 120.000 son viables técnica y jurídicamente. “Sumando lo del gremio y otras ofertas de particulares hay en proceso de análisis 890.000 hectáreas para verificar si su compra es posible”. Mojica agregó que concretar la reforma es un compromiso compartido que implica “sumar todo el esfuerzo tanto de la Federación junto con el esfuerzo de entidades públicas en aras de lograr avanzar rápidamente para una respuesta efectiva a la reforma”.
