El manejo de las cifras del Gobierno Nacional acerca del sometimiento de miembros de los grupos armados es engañosa, sin embargo los caminos para que las personas se desvinculen de esas organizaciones siguen abiertos.
El viernes 29 de enero la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, emitió un comunicado en el que afirmó que “durante el gobierno del presidente Iván Duque 1.317 integrantes de las disidencias de las Farc se han sometido a la justicia, de los cuales 377 son menores de edad y 940 son adultos”.
Cifras que sorprendieron a los analistas del conflicto, quienes como Kyle Johnson, co-fundador e investigador de la fundación Conflict Responses, no le daban crédito, bajo el entendido que dicha cifra significaría el desmantelamiento del 25 % de las disidencias.
EL COLOMBIANO pidió explicación a Ceballos, quien aclaró que en realidad durante este periodo presidencial se han entregado de manera voluntaria 1.317 integrantes de grupos armados, de ellos 530 eran del Eln, 160 del clan del Golfo, 200 de las disidencias y el resto se distribuía entre Los Pelusos y Los Caparros.
De hecho, confirmó que solo 100 personas se han sometido a la justicia de acuerdo con el Decreto 965 de 2020, que lo facultó para habilitar una vía de sometimiento individual, en la que los miembros de esos grupos pudieran acceder a beneficios jurídicos y económicos (ver Claves).
“Puede decirse que durante el Gobierno del presidente Duque cada semana 11 personas han salido de la ilegalidad”, afirmó el comisionado.
Al respecto, el coronel (r) Jhon Marulanda, analista internacional en seguridad y defensa, afirmó que estas cifras hay que mirarlas con lupa, ya que “todos sabemos lo truculento que es el cumplimiento de los diferentes decretos para que se acojan exguerrilleros y delincuentes, hemos visto cómo se han colado personas que nada tienen que ver con los grupos y cómo han vendido cupos, de modo que hay que tener eso en cuenta para no caer fácilmente en irresponsabilidades”.
Diversas rutas
Los miembros de Grupos Armados Organizados tienen hoy varias rutas claras: si se trata de miembros del Eln existe la desmovilización individual a instancias de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que entrega unos beneficios económicos y jurídicos dependiendo de la persona y de su responsabilidad penal. Por este mecanismo se han desmovilizado 25.499 personas desde el año 2000 (19.930 de Farc, 4.961 del Eln y 608 de otros grupos).
Para los otros GAO está el decreto de sometimiento individual, que empezó a aplicarse en noviembre pasado, que tiene los beneficios económicos vinculados al cumplimiento de una ruta de reinserción y del aporte efectivo de información sobre la organización; en este caso, pueden lograrse preacuerdos o principios de oportunidad con la Fiscalía. Por este mecanismo van 100 personas.
Para los menores de edad que logren salir de los grupos, Bienestar Familiar tiene una ruta de restablecimiento de derechos que busca el reencuentro con la familia o la atención institucional si esta no es posible, con el fin de garantizar todos sus derechos y la reparación por la protección que no tuvieron previo al reclutamiento. Desde 1999 y hasta octubre de 2020, 6.883 menores de edad habían pasado por esta ruta.
Los demás pueden entregarse a la justicia y recibir beneficios jurídicos por su colaboración como rebaja de penas y protección de testigos. Por esta vía fue que se desvincularon los miembros del clan del Golfo y de las disidencias de quienes se habló al comienzo de este artículo.
Inocuo ante la delincuencia
Varios analistas coinciden en que estos procesos de desvinculación individual sirven poco para enfrentar la magnitud del crimen organizado en Colombia.
Johnson aseguró que esto debe ser mirado como un mecanismo pero no como la política de desmantelamiento de organizaciones, que debe ser mucho más completa.
En ese mismo sentido, el abogado Michel Pineda, de la Corporación Compromiso Colombia, dijo que “en el país hay más de 500 organizaciones del crimen entre pequeñas, medianas y grandes, pero el sometimiento apunta solo a las cinco que son reconocidas como GAO, dejando por fuera las otras expresiones de la delincuencia organizada. Lo que no entiende el Gobierno es que las organizaciones grandes dependen de las más pequeñas y debe crearse una política que permita el sometimiento de todos los niveles”.
A su turno, Fernando Quijano, director de Corpades, señaló que esto no es más que “la continuidad de lo mismo de siempre, de sometimientos individuales que pueden tener efectos mediáticos, pero que no significan ni el desmantelamiento de organizaciones ni el principio del fin de los GAO. Por ejemplo no se encuentra ni un solo sometido de la Oficina, ni de estos grupos de delincuencia organizada. Ahí comienza a mostrarse claramente los vacíos. No hay una ley que sea atractiva para los grupos, que mínimamente permita avanzar en conversaciones para lograr el sometimiento a la justicia de todo su pie de fuerza”.
De hecho, Ceballos argumentó que el Gobierno no tiene interés en facilitar el sometimiento individual de los miembros de estos grupos, dado que la Política Nacional de Seguridad y Defensa establece la concentración de esfuerzos en minimizar el impacto del narcotráfico a gran escala y el crimen organizado transnacional, además porque es justo a los GAO a quienes se les aplica el Derecho Internacional Humanitario.
“Lo que queremos es insistir en que invitamos a quienes hacen parte de los grupos armados como las disidencia de las Farc, Eln, clan del Golfo, los Caparros y los Pelusos a que sigan el camino de quienes hoy se están presentando ante las autoridades”, dijo Ceballos.
Para su atención ya hay establecidas tres casas de paso, en las cuales desde el Ministerio de Defensa se les brinda protección para que no tengan nada a qué temer.
100
integrantes de GAO se han sometido por el Decreto 965 de 2020.
