Ver guerrilleros de las Farc en el Palacio de Justicia defendiendo ante la Corte Constitucional sus propuestas sobre la refrendación de los acuerdos, es una escena que por ahora está descartada, pues no fue esa la invitación hecha por esta corporación al grupo insurgente.
En el auto D-11329, emitido desde el despacho del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, se deja en claro que lo solicitado por la Corte a las Farc —y a otras instituciones como facultades de Derecho de las universidades de Antioquia, Externado, Javeriana, entre otras; y a personajes como los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria— fue pronunciarse con respecto a la demanda del exfiscal Eduardo Montealegre frente a lo convencional de la palabra “acuerdo” y el blindaje jurídico del mismo, una vez sea firmado.
“Los invitados debe presentar su opinión sobre el asunto (demanda de Montealegre), dentro de los 10 días siguientes a la comunicación, por lo cual se acompañará copia de la demanda”, dice la Corte Constitucional en el documento del 21/04/2016 conocido por EL COLOMBIANO.
No obstante, ante los posibles rumores de que los cabecillas de las Farc viajarían desde Cuba a una audiencia pública en la Corte Constitucional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseveró que el Gobierno no está de acuerdo que los jefes de la guerrilla vayan a ese tribunal.
“Ante la decisión de la Corte de convocar a las Farc hay que decir que la posición del Gobierno es que mientras los señores de las Farc no dejen las armas, no se desmovilicen, no es conveniente que vayan a la Corte Constitucional”, enfatizó el ministro Cristo.
La demanda de Montealegre
La información que circuló ayer sobre la demanda del exfiscal general, también daba a entender a la opinión pública que el requerimiento hecho por Montealegre agrupaba el mecanismo de refrendación de los acuerdos llegados con las Farc en la mesa.
Sin embargo, y como consta en el auto del despacho de Palacio, la solicitud principal hace referencia a elevar al rango de “tratado” la palabra “acuerdo”, para blindar lo pactado en los diálogos guerrilla- Gobierno.
Al respecto, el abogado Nelson Camilo Sánchez León, coordinador de investigaciones sobre Justicia Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia, y profesor asociado de la Universidad Nacional, explica la razón de la demanda exigida por Montealegre.
“El exfiscal usa esa teoría para llevar el acuerdo con las Farc diciendo que esto va a generarle obligaciones al Estado colombiano y por esto la Corte lo tiene que revisar. El argumento del exfiscal es: acá hay dos partes que están haciendo una negociación como iguales y el producto de esa negociación tendría que tener una figura jurídica y la que expone es tratado internacional dentro del derecho internacional”, comenta Sánchez León.
La contravención, asevera el abogado, es que cuando se habla de un tratado en derecho internacional, este se da entre dos Estados, o entre un Estado y una organización internacional, y para darse en la segunda forma, debe reconocérsele a las Farc un estatuto jurídico —o de beligerancia— que les permitiera firmar, el cual, hasta ahora no poseen.
No es viable
Conocida la petición de la Corte Constitucional sobre la posición de la demanda del exfiscal Montealegre, y con 10 días como plazo para que los invitados respondan, el jefe negociador de las Farc, “Iván Márquez”, se mostró de acuerdo con la iniciativa.
En su cuenta de Twitter, el jefe guerrillero expresó: “elevar al rango de acuerdos especiales los Acuerdos de La Habana constituye la vía más expedita para garantizar su seguridad jurídica”.
Abrir esta posibilidad a las Farc, es vista bajo la óptica del exconstituyente de la Asamblea del 91 y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Yepes Arcila, como el reconocimiento de interlocución a personas que están por fuera del ordenamiento jurídico. “A ellos les pueden perdonar y lavarles su pasado y lo que quieran pero todavía no lo han hecho, hoy son unos delincuentes”.
Esta tarea, agrega Yepes, no le compete a la Corte Constitucional, porque “allá no se toman decisiones políticas, se toman decisiones jurídicas”.
Bajo el anterior escenario, a la discusión de los puntos que faltan por concretarse en la mesa se sumará la de elevar la naturaleza del “acuerdo” a “tratado” para que lo pactado tenga un piso jurídico más firme, situación que preocupa a las partes negociadoras, incluso desde el inicio de las conversaciones.
