Luego de constatar la grave situación de seguridad de los excombatientes de las extintas Farc, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz impuso medidas cautelares para estas personas. Así, ordenó al Gobierno que adopte medidas para garantizar su vida y su seguridad.
Citando información suministrada por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y por el Instituto Kroc, que han señalado que alrededor de 200 exFarc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, la JEP ordenó a varias entidades gubernamentales “llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil”.
La JEP tomó dicha decisión luego de realizar dos audiencias en las que se constataron las graves condiciones de seguridad. También revisó las razones que obligaron a que un grupo de excombatientes asentados en Ituango tuvieran que ser trasladados a Mutatá para garantizar su vida.
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Al Alto Comisionado para la Paz le ordenó “realizar gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político Farc”.
También le ordenó al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que convoque a una mesa técnica de seguridad y protección en las que se definan medidas para el cuidado de la seguridad, y que “correspondan a solicitudes con análisis de riesgo”.
Por último, la Unidad Nacional de Protección quedó con la responsabilidad de la “implementación inmediata de las medidas de protección pendientes y realizar estudios de riesgo para los comparecientes que lo solicitan”.
“La seguridad individual y colectiva de quienes participaron en el proceso de paz resulta fundamental en términos de garantía de no repetición y salvaguarda de los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno”, concluyó la JEP.
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