En la mañana de este miércoles, se desarrolla en la Jurisdicción Especial para la Paz la audiencia nacional en la que al menos nueve integrantes del alto Gobierno deberán dar cuentas de las acciones preventivas que han adelantado para evitar el homicidio de exintegrantes de las Farc, desmovilizados a partir del Acuerdo firmado con esa guerrilla hace cuatro años.
A la fecha, según datos de la Jurisdicción, 249 excombatientes han sido asesinados.
Al inicio de la diligencia, el director de investigación y acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, aseguró que cada cinco días es asesinado un excombatiente de las Farc y esto, además de demostrar una alta frecuencia, también revela una concentración geográfica, pues los homicidios ocurren apenas en el 17 % de los municipios del país.
El director, utilizando la información disponible en bases de datos oficiales de los ministerios de Defensa y del Interior, analizó las hipótesis que ha lanzado el gobierno sobre estos hechos. Sobre la primera, según la que los asesinatos de excombatientes serían perpetrados por hechos relacionados con el narcotráfico, Álvarez indicó que en el 63 % de los municipios cocaleros del país no se está presentando este fenómeno.
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Además, agregó, “en aquellos territorios que la ONU considera como enclaves del narcotráfico, no ha habido una sola muerte de excombatientes” y citó como ejemplo los municipios de Teorama, en Norte de Santander, y Valdivia, en Antioquia.
Sobre la segunda hipótesis, según la que las muertes de exFarc han obedecido a riñas o rencillas personales, detalló el director de Investigación de la JEP que solo el 2 % de los casos se ha registrado por esta causa.
Mientras que sobre la tercera posibilidad, que señala que estos delitos son cometidos por las disidencias, recalcó Álvarez que no se puede hablar de disidencias como una única organización criminal sólida, sino que existen tres tipos: la coordinada por alias Gentil Duarte, que surgió antes de la firma del Acuerdo de paz, que tiene mayor fuerza y que perpetra gran número de ataques a la Fuerza Pública; la denominada “segunda Marquetalia”, conformada por quienes abandonaron el acuerdo, como Iván Márquez y Jesús Santrich, que ha tenido impacto mediático, pero de la que no se ha logrado establecer que tenga capacidad para enfrentarse a las fuerzas del Estado; y las disidencias abiertamente narcotizadas. Por esta razón, los homicidios deben analizarse teniendo en cuenta cada contexto.
De acuerdo con el investigador del tribunal de Paz, existe un patrón de violencia contra los excombatientes claramente demarcado, con dos variantes.
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La primera, y que corresponde al 57 % de la muestra de homicidios analizados, consiste en ataques para desmontar los proyectos políticos o económicos en los que exguerrilleros toman liderazgo. Para la JEP, esto se traduce en un ataque directo a la implementación del Acuerdo de paz, perpetrado por todos los grupos armados al margen de la ley. Las víctimas son hombres entre 25 y 44 años, con bajos niveles de escolaridad, que durante su pertenencia a las Farc fueron guerrilleros rasos o milicianos.
“Los victimarios tendieron a abordar a los excombatientes en sitios públicos de zonas rurales, donde les propinaban múltiples disparos. Esto ocurrió con mayor frecuencia en fin de semana”, explicó Álvarez.
La segunda variante involucra la disputa entre disidencias de las Farc en zonas donde la guerrilla históricamente hacía presencia y suplantaba algunas de las funciones del Estado. Esta constituye el 36 % de los casos analizados.
De acuerdo con Álvarez, en estos casos “los perpetradores son las disidencias de las Farc en sus tres vertientes” y las muertes develan “un plan criminal para ampliar la presencia de estructuras al comando de Gentil Duarte en zonas que desde los años 60 fueron consideradas repúblicas independientes, lugares donde Gentil Duarte compró masivamente tierras, las despojó o se aprovechó del abandono forzado”.
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Las víctimas son jóvenes entre 18 y 34 años, pues “se trata de jóvenes que rechazan retomar las armas con las disidencias o que se acogen a proyectos de reincorporación”.
“Hemos avanzado en esclarecimiento”
A su turno, la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, expuso que “hay datos que solo pueden alimentar el ámbito académico, pero en la Fiscalía solo podemos tener en cuenta los resultados del ámbito probatorio, de las investigaciones que pueden demostrar quién mató y por qué cometió el homicidio”.
“Nosotros no partimos de lo que nos dicen las personas que se someten a la justicia, sino de lo que nos dicen, por ejemplo, las pruebas forenses”, recalcó.
En este sentido, agregó que el ente acusador prioriza los casos de excombatientes, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos y que “el 43,7 % son cometidos por el denominado Gaor (grupos armados organizados residuales, disidencias de las Farc)”.
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Destacó además que a la fecha, la Fiscalía alcanza un avance investigativo del 48 % en casos de homicidio y que ha logrado 33 sentencias condenatorias.
Sobre esta cifra, especificó que “nos concentramos en encontrar el determinador del crimen. Más del 50 % de las sentencias han sido contra determinadores”, y que en los casos en los que solo se ha logrado identificar y condenar al autor material, “estos no se cierran”.
Y sobre la investigación de las denuncias de amenazas contra los excombatientes, explicó que “enviamos la alerta a la Unidad Nacional de Protección, pero, hay que decirlo con tranquilidad, este proceso es muy lento. Lo más ágil es reportar a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), que hace la reubicación del excombatiente”.
“Desde nuestra visión, garantizar la no repetición de estos crímenes cruza por la captura de los responsables”, concluyó.
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