Iván Márquez, quien fue el segundo al mando de la guerrilla de las Farc y jefe negociador de la insurgencia en la mesa de la Habana, lleva siete meses sin aparecer públicamente, lo ha hecho solo a través de misivas, e incluso pidió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que aplazara su comparecencia programada para hoy por que su seguridad no estaba garantizada para desplazarse a la capital de la República.
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Sin embargo, reaccionó con un comunicado publicado en la Agencia Bolivariana de Prensa a las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP.
“Lo que está detrás de las objeciones del Presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, es entonces, un pánico terrible a la verdad y al eventual derrumbe de la impunidad”, dijo Márquez.
En la comunicación de 11 párrafos el excomandante guerrillero aseguró que “cuando un Gobierno incumple la Constitución y desconoce y desacata los fallos de la Corte interponiendo falsas inconveniencias políticas, e ignora la división y autonomía de las ramas del poder, es porque ha iniciado la marcha hacia el infierno de la tiranía”.
Sobre las objeciones en específico Iván Márquez señaló que: “las objeciones son maniobras de engaño del Estado para eludir su responsabilidad de reparar a las víctimas del conflicto; para instituir el absurdo de que haya dos jurisdicciones investigando sobre los mismos hechos; llenar la nueva Jurisdicción con millones de casos para hacerla inoperante; y para que se pueda extraditar sin pruebas a comandantes guerrilleros para saciar así su sed de venganza. Esto último fue lo que hizo Uribe con Simón Trinidad a quien extraditó a los Estados Unidos, sin ser solicitado por esa potencia, mediante un sucio montaje judicial. Simón terminó condenado a 60 años de cárcel por un delito inventado a última hora, que ni siquiera hacía parte del montaje inicial”.
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Sigue el desacuerdo
El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, reiteró que las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP no pueden considerarse como un incumplimiento al acuerdo con las Farc.
Según el consejero, el hecho de que el jefe de Estado haga uso de las facultades constitucionales que le corresponden, es una clara expresión de la democracia y la separación de los poderes. “Esa norma marco no está en los Acuerdos, sino que es un desarrollo de los mismos. Respecto de ese proyecto de ley, el Congreso hizo lo que le correspondía; luego, la Corte Constitucional lo revisó y, ahora le correspondió al Presidente hacer lo que se prevé en la Constitución”, agregó.
En este sentido, tanto la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como el Consejero Archila señalaron que en cualquier caso en que una de las partes entienda que pudo haber habido un incumplimiento, lo que procede no es llamar inmediatamente a los garantes, sino que corresponde a las partes conocer las razones y tratar de llegar a un entendimiento común, de manera bilateral.
Por su parte, las FARC señalaron a través de una carta que las objeciones hechas por el presidente son inconstitucionales e impactan directamente el acuerdo de paz firmado con el Estado. Hicieron especial énfasis en las posibles afectaciones del proceso de reincorporación de los exmiembros de la extinta guerrilla.
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En la carta, el hoy partido político sostiene que dicha decisión también es una intervención política al acuerdo, que no fue socializada en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi) del Acuerdo de Paz.
“Constituyen una pretensión no sólo injurídica sino carente de toda lógica, de modificar los contenidos esenciales del Acuerdo Final, de manera unilateral, es decir sin la participación de las partes que lo suscribieron”, dice el documento.
