La paisa que monitorea 34 acuerdos de paz ¿cómo ve el colombiano?

La paisa Josefina Echavarría, quien lidera desde el Instituto Kroc un equipo que monitorea la implementación de lo pactado entre Gobierno y Farc, analiza los retos de ese proceso.

Josefina Echavarría, directora de la Matriz de Acuerdos de Paz del Kroc, encargado de monitorear el acuerdo de paz con las Farc. FOTO Cortesía

Los desafíos que aún le quedan al acuerdo de paz

Desde Innsbruck, una ciudad al oeste de Austria a más de 5.700 millas de Medellín, nos atendió una paisa graduada del Colegio Alemán y de la Universidad Externado, encargada de liderar la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM, en inglés) del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, ubicada en Indiana, Estados Unidos.

¿Cómo llegó esta paisa a ser la encargada de monitorear más de 34 acuerdos de paz y qué siente ahora al poner su lente sobre el acuerdo de paz colombiano? Para Josefina, que ha vivido más de 15 años en Austria y ahora reside en South Bend, condado de Saint Joseph, en Indiana, ha sido todo un desafío y un reto mirarse al espejo. “Es un trabajo que me conecta con Colombia”, reconoce.

Josefina nació y creció en Medellín, estudió Gobierno y Relaciones Internacionales y trabajó para el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Vivió en Santa Marta, donde trabajó para la Empresa de Servicios Públicos como mediadora con las comunidades en las intervenciones de agua potable y saneamiento. Un trabajo que le dio un giro de 360 grados a su vida.

¿Cómo fue que terminó tan lejos y dedicada a estudios sobre la paz?

“Ese trabajo en Santa Marta me llevó a estudiar paz y desarrollo en España, tratando de entender esos conflictos violentos que llenan las páginas de nuestros periódicos, que nos ocupan y nos preocupan y que tienen causas mucho más estructurales, que tienen que ver con la inequidad, la pobreza, el racismo y la discriminación. En Europa, hice mi maestría y doctorado también en paz y conflicto y durante años trabajé en una universidad en Austria. Luego tuve proyectos con la Unión Europea, haciendo educación para la paz. Trabajé en Irlanda, Georgia y Ruanda”.

“Llegué al Instituto Kroc en un curso de verano en 2018, luego como investigadora visitante y luego me postulo al cargo de directora del PAM y tengo la buena fortuna de quedar. Este es un trabajo intelectualmente muy inspirador para mí. Pero es un trabajo que me conecta también con Colombia, no solamente con mi compromiso con la construcción de paz, sino con colaborar como facilitadora para tratar de implementar el acuerdo que tantos años nos costó firmarlo. Ya llevamos 5 años implementándolo y tenemos ese rol de ser los monitores imparciales de cómo va el proceso”.

¿Y qué aprendió en los países donde estuvo?

“Aprendí que esas violencias que nosotros vemos siempre están enraizadas en una relaciones conflictivas que vale la pena transformar. Si nosotros queremos cambiar la violencia hay que transformar unas causas estructurales y relaciones que son bastante violentas”.

Hoy vemos una percepción muy negativa en torno a la implementación y una degradación del conflicto. ¿Cómo vamos y cómo miden ustedes esto?

"Lo que nosotros hacemos, es entender cómo funciona la implementación de los acuerdos que nosotros llamamos comprensivos, porque no se limitan a resolver una parte de la disputa, como los acuerdos de intercambio de prisioneros o de cese el fuego, sino que además de parar la violencia buscan construir paz. Es decir, tratan efectivamente de hacerle frente a las reformas sociales, políticas y económicas que subyacen a esas violencias”.

“Entonces, en el año 2016 el Instituto Kroc fue nombrado en el sexto capítulo del acuerdo para crear metodologías de seguimiento a esos compromisos firmados y decirles cómo se está implementando. No solamente tomar una foto, sino también cuáles son las buenas prácticas que se pueden aprender de otros contextos.

“Hasta hoy vemos casi que el 30% de los compromisos del acuerdo se han implementado. Cuando nosotros empezamos a evaluar cómo ha evolucionado nos preocupa, por ejemplo que no haya una buena aceleración del punto de participación política. Y hemos visto avances en el punto en la reforma rural integral, uno de los puntos más importantes del acuerdo, porque es vital para comprender no solo el brote de la violencia, sino también la continuidad de estas dinámicas. También avanzó el cuarto punto del acuerdo sobre acabar el problema de las drogas de uso ilícito.

“Y encontramos también que en los últimos dos años las dinámicas de implementación se están decidiendo no solamente por parte de la Rama Ejecutiva en el nivel central, sino cada vez más en las regiones y en otras ramas del poder público”.

¿Cómo aprovechar esos procesos para replicarlos y motivar algunas regiones rezagadas?

“Nosotros hicimos un rastreo de cuáles de esos gobiernos municipales y departamentales estaban incluyendo compromisos del acuerdo final y nos dimos cuenta que hay más de 11.900 iniciativas PDET que están incluidas en sus planes de gobierno. Entonces vemos que son los alcaldes, gobernadores, consejos municipales y departamentales de paz y reconciliación, que tienen no solamente responsabilidad sino también una capacidad de actuar para mejorar los procesos de implementación”.

¿Y en el caso de Antioquia cómo va ese apoyo regional?

“En Antioquia hemos tenido muy buenos ejemplos de cómo se están incorporando los compromisos del acuerdo en los planes de desarrollo, pero también digamos que en la administración pública común y corriente, que es el fin último del acuerdo, que se vuelva una práctica de las administraciones”.

“Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en Urabá está el CUEE (Comité Universidad Empresa Estado), que busca articular una cantidad de proyectos beneficiosos para la región. También hace poco visitamos la nueva área de reincorporación en San José de León, en Mutatá. Que no pertenece a las antiguas zonas de acantonamiento, (ETCR), sino que son autogestionadas. Y es admirable los proyectos productivos que tienen allá y que han salido adelante”.

“Entonces, te encuentras una cantidad de dinámicas positivas en contextos muy complejos, porque no solamente están reapareciendo, sino apareciendo nuevos grupos armados. Y precisamente en territorios dónde se están viendo dinámicas positivas”.

Si hay tantos casos positivos ¿de dónde tanto pesimismo en la implementación?

“A mí me da un poquito de tristeza cuando nosotros hablamos de esa distancia entre la evidencia y la percepción de la implementación, porque creo que la distorsión de la realidad no nos hace ningún favor, al contrario tener la capacidad de observar la realidad, de analizarla y de tomar decisiones de implementación que mejoren el proceso creo que nos ayudaría a todos. Impulsar esto es robustecerlo, es algo que le conviene no solamente a las comunidades, sino también a la Administración Pública, a la gobernanza Nacional, al sector privado. Entonces siento que tener la oportunidad de hablar de ese tipo de buenas prácticas, hablar de una evidencia, que muestra no solamente rezago, sino también avances y sobre todo oportunidades es fundamental”.

Colombia vive hoy una crisis social profundizada por la pandemia. ¿Acelerar esas reformas económicas, sociales y políticas que prevé el Acuerdo en qué podría ayudar?

“Obviamente la pandemia y las medidas tomadas para hacerle frente afectaron de una manera desproporcionada a las comunidades que ya estaban en situación de vulnerabilidad. Cuando miramos los mapas de afectaciones del covid a estas poblaciones y pensamos a quién trataba de restablecer sus derechos, de darle igualdad de oportunidades ese acuerdo final, eran precisamente a esas comunidades, que han sido víctimas directas de la guerra o que han estado en territorios, que no han tenido el mismo acceso a los bienes y servicios de prestación del Estado”.

“También, los planes sectoriales, por ejemplo, hoy en día es importantísimo seguirlos desarrollando. Creo que este año se aprobó el décimo de 16 y es importante, ver de alguna manera, la continuidad de muchas de esas demandas. Antes de las protestas sociales que comenzaron en abril 28, nosotros ya habíamos evidenciado a partir del análisis del año 2020, que continuábamos con rezagos en la implementación de ese punto tan importante que es la participación política. Hay una cantidad de compromisos en el acuerdo que realmente hacen eco de muchos de los pedidos que hemos visto en las últimas semanas. Por ejemplo la no estigmatización o el derecho a la protesta pacífica”.

¿Y en el Congreso cómo estamos en implementación en materia legislativa?

“Nosotros hicimos una agenda, un informe normativo de las leyes que se necesitan para acelerar el proceso de implementación del acuerdo. Muchas de esas decisiones legales y muchos de esos procesos están ya en manos del Congreso. Tuvimos además la posibilidad de compartir con la Comisión de Paz del Senado un informe normativo. Decirles estas son las leyes que nosotros sabemos que si ustedes las aprueban destraban otros procesos de implementación. A eso le decimos una cascada. El llamado entonces que nosotros hacemos, es que a medida que se van moviendo las dinámicas de implementación a los territorios y a otras ramas del poder público, nosotros también tengamos una agenda para hacer el proceso de implementación más robusto”.

Una de las instituciones más criticadas por los opositores al acuerdo ha sido la JEP ¿Cómo ve usted los avances de esa jurisdicción?

“Nosotros entendemos el afán humanitario y humano por darle una resolución a tantos crímenes que se cometieron durante el conflicto. Sin embargo, cuando yo comparo la velocidad de investigación y de sanciones de la JEP con tribunales similares en otros países del mundo, incluyendo El Salvador y Guatemala, con un nivel digamos de desarrollo y administración pública similar al de Colombia, vemos que esa velocidad de investigación y toma de decisiones en relación con casos de antiguos combatientes y en relación con los macrocasos, es una velocidad dentro de la media, es una velocidad normal, no es lenta. Para decirlo de una manera coloquial: no estamos quedados”.

Hemos hablado de la parte del Gobierno, pero ¿cómo han cumplido las Farc?

“Hay que reconocer que hay unas disidencias y excombatientes que a pesar de haber entrado en el proceso de dejación de armas volvieron a armarse, volvieron a la guerra. Estas disidencias causan mucha inestabilidad porque resquebrajan la confianza en el proceso. Si escuchas al partido político Comunes, es bastante importante resaltar su compromiso con la implementación y la reincorporación. Eso no quiere decir que ellos no tengan preocupaciones, como el tema de la inseguridad. Estar angustiado, sentir el temor y la amenaza, y ver la realidad de muchas personas que juiciosamente siguieron los procesos de dejación de armas y han sido asesinados, te cuestiona. Cuestiona la confianza en el proceso. Por eso es importante reconocer como el partido, aunque continúa haciendo demandas por mejorar la seguridad, sigue juiciosamente en el proceso de dejación de armas y retornando a la vida civil. Cuando nosotros hablamos, digamos de las disidencias, parece que se nos olvida que la gran mayoría de excombatientes que dejaron las armas continúan en el proceso”.

¿Viendo esto, cree que el país está preparado para otro proceso de paz, cómo sería el caso con el Eln?

“Yo quisiera pensar que nosotros siempre estamos preparados para abandonar la opción de la guerra. Pienso en lo mucho que hemos aprendido. Es que el acuerdo del 2016 realmente reúne una cantidad de lecciones de procesos exitosos y también de anteriores procesos fracasados de paz. Cuando hablamos de esos 8 o 9 procesos de paz en los años 90, cuando miramos todo lo que fue el comienzo del siglo 21 con las desmovilizaciones. Cuando hablas con la gente que está en las instituciones del Estado que trabaja en planeación, reincorporación, etcétera, lo que ves realmente es un conocimiento acumulado muy grande. Yo siento que hemos aprendido sobre cómo estructurar negociaciones, cómo preparar el terreno para negociar exitosamente, cómo manejar el apoyo de la comunidad internacional durante las negociaciones, y hemos aprendido mucho más sobre cuál es el papel fundamental que juegan las víctimas en las negociaciones de paz”.

“Si tú miras en una perspectiva comparada los acuerdos de paz que se han firmado desde 1989 del fin de la guerra fría no vas a encontrar un acuerdo, un texto como el colombiano, donde tengas una agenda de paz y seguridad para la mujeres tan completa y tan integral como en Colombia. Esa perspectiva de género del acuerdo está acompañada por un foro especial de alta instancia para las mujeres, con una cantidad de representantes de la sociedad civil, personas de la institucionalidad y representantes de la comunidad internacional. Es mi esperanza, que siempre estemos listos para dejar las armas, como seres humanos, como familias, país y como mundo. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de la posibilidad de un nuevo acuerdo de paz de una nueva negociación de paz, creo que tenemos mucha experiencia de que valernos para pensar que esta vez nos puede funcionar mucho mejor”.