Durante el puente festivo en Hacarí (Catatumbo - Norte de Santander), no hubo descanso y mucho menos fiesta. Al menos mil personas huyeron de sus casas en el corregimiento Mesitas, y las veredas La Esperanza, Castrillón y Las Juntas con lo que llevaban puesto, atrás dejaron sus viviendas, sus animales, su vida entera, por el miedo de caer en medio de los combates entre el Eln y el Epl.
Este es el séptimo municipio del Catatumbo en el que el enfrentamiento entre ambas fuerzas ilegales causa desplazamiento forzado desde el 5 marzo pasado, cuando la guerrilla del Eln le declaró abiertamente la guerra al Epl, una disidencia de la organización que bajo el mismo nombre dejó las armas a principios de la década de los 90.
“El Eln se preparó y trasladó columnas guerrilleras y comandantes de otras partes del país para desalojar al Epl del Catatumbo. En los territorios donde ha estado el Epl se ha dado la confrontación”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.
Así, el conflicto que se incubó en Tibú y La Gabarra cuando las Farc dejaron las armas, se fue extendiendo con el paso de los días por los demás municipios de Catatumbo (ver mapa).
“El enfrentamiento entre esos dos grupos, que antes de febrero eran amigos, se han ido corriendo: los primeros fueron en El Tarra, Teorama; luego en Convención, San Calixto y ahora en Hacarí. Pareciera como si el Eln fuera desplazando al Epl de esos territorios, porque Hacarí ha sido de presencia histórica del Epl. Desde la década de los 80 es un bastión del esa organización”, contó Cañizales.
Es así como poco a poco Catatumbo deja de ser únicamente sinónimo de coca para serlo también de guerra, desplazamiento y muerte.
Esa región es el segundo enclave de cultivos de coca del país, con 28.268 hectáreas sembradas en 2017, según el último informe de la ONU contra la Droga y el Delito, lo que se suma a la facilidad que hay para contrabandear combustible desde Venezuela.
Drama humanitario
El defensor del pueblo regional, Rafael Navarro, estuvo durante el fin de semana en Hacarí y constató cómo los desplazados fueron llegando a la cabecera municipal, incluso apoyó el traslado de algunos que venían de Aguablanca hacia Hacarí, en un volqueta. El jueves eran 368 personas albergadas, ayer en la mañana ya eran 900 y se esperaba que al final del día fueran más de 1.000.
El problema, según dijo en diálogo con EL COLOMBIANO, no es solo el desplazamiento: “se presenta confinamiento de algunas familias que se encuentran en la zona, restricciones de la movilidad, zozobra y miedo entre los habitantes. Los animales están abandonados, las casas están desocupadas a merced de los violentos, suspensión total de las clases en las veredas afectadas y podría haber contaminación de minas antipersonal”.
Lo peor es que un drama humanitario de semejante tamaño desborda las capacidades de un pequeño municipio como Hacarí (10.600 habitantes), que requiere que las entidades del Estado hagan presencia, pero las autoridades aseguran que solo hay silencio y militares (ver paréntesis).
Silencio institucional
El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de Hacarí emitió un comunicado, en papel membrete de la Alcaldía, en el que pidió a las organizaciones sociales, internacionales y a las entidades del Estado aclarar “cuál fue su posición frente a la situación humanitaria que se encuentra padeciendo desde el 1° de noviembre el municipio, puesto que hasta el momento ha reinado el silencio”.
De acuerdo con Jhonny Galvis, personero de Hacarí, los únicos que hacen presencia son la Alcaldía y la Personería, por obvias razones, la Defensoría del Pueblo que activó el Sistema de Alertas Tempranas, el Consejo Noruego para los Refugiados que ayuda con alimentos, el Icbf que atiende a los menores de edad con paquetes alimentarios, y el Cicr que apareció ayer. Nadie más del orden nacional ni departamental.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró ayer durante un evento público que “los hechos denunciados sobre desplazamientos en Hacarí ya fueron controlados y los pobladores están retornando”. Desde el municipio lo desmienten.
“Eso lo dice una persona sin conocimiento del territorio y de la situación”, expresó el personero. A su turno, el defensor del Pueblo aclaró que para que se den los retornos deben ocurrir tres condiciones: que sea voluntario, que se dé el goce efectivo de derechos y que las condiciones de seguridad lo permitan. “Hasta el momento ninguna de esas condiciones se han presentado” y los ciudadanos siguen entre el fuego cruzado de Epl y Eln..
