En el debate sobre ejecuciones extrajudiciales que llevó a cabo en la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió la gestión de las Fuerzas Militares y aseguró que los responsables de los llamados ‘falsos positivos’ serán castigados frente a los cuestionamientos sobre la reforma a la justicia penal militar.
El jefe de cartera de Defensa dijo que se deben reconocer los esfuerzos de los Miembros de la Fuerza Pública y aseguró estar “dolido”, porque en el debate se señalaron cosas que no son ciertas contra personas que no están siendo investigadas.
“Eso de haber sacado nombres de generales para emplazarlos ante el mundo, es una infamia (...) hablar de medias verdades y calumniar me parece que no está bien, no le ayuda a la paz”, añadió el ministro Pinzón.
Agregó, también, que los derechos humanos han guiado el actuar de los militares y que no se debe desconocer todo lo que se ha hecho en pro de las conversaciones que cursan en La Habana (Cuba).
Sobre la justicia penal militar y el escándalo de los falsos positivos, Pinzón aseguró que no habrá impunidad y que es una mentira asegurar que no se realizará el debido proceso en contra de los responsables.
“Puedo asegurar que nunca aceptaremos que casos como los de Soacha pasen a la justicia penal militar”, dijo Pinzón.
El representante citante, Alirio Uribe, afirmó que los que están condenados son en su mayoría soldados suboficiales y no se ha procedido contra los generales y aseguró que entregará la documentación ante la Corte Penal Internacional para que tenga conocimiento de los más de seis mil casos de falsos positivos.
“No ha avanzado ninguna investigación hacia ningún general ni en materia penal, ni en materia disciplinaria y no hay ninguna política decidida a parar con estas práctica”, manifestó el congresista.
Igualmente, reiteró su solicitud al Gobierno y a la Unidad Nacional para que retire los proyectos de ley que buscan que los falsos positivos pasen de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.
Así mismo, Alirio Uribe, se refirió a la política de seguridad democrático liderada por el expresidente Álvaro Uribe, en donde según el representante se realizaban dos ejecuciones extrajudiciales a diario y de manera sistemática. Durante los ocho años del gobierno uribista se habrían ejecutado 5.326 personas.
“Durante el período del presidente Juan Manuel Santos, 2010-2014, efectivamente se muestra una disminución muy importante. Sin embargo, de 2010 a la fecha el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos ha documentado 267 casos registrados como ejecuciones extrajudiciales”, agregó el congresista.
Desde la Cámara se hizo un llamado a analizar el proyecto de acto legislativo que pretende reformar la justicia penal militar, para impedir que estas acciones queden en la impunidad o presenten condenas no correspondientes a este delito.
