El Senado, que por estos días vota la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, generó polémica al aprobar un impedimento para que juristas que hayan defendido a las víctimas o al Estado, en tribunales nacionales o internaciones por hechos ocurridos durante el conflicto armado en los últimos 5 años, puedan ser magistrados del Tribunal de Paz y de las Salas de Justicia de la JEP.
La decisión causó malestar entre colectivos de abogados, constitucionalistas e incluso en grupos que representan a los afectados por el conflicto armado, quienes la consideran anticonstitucional e incluso discriminatoria.
Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo que en esa corporación creen que se trata de un mal mensaje del Senado porque puede leerse como una medida discriminatoria y se señala a aquellos que han ejercido como defensores de los derechos humanos.
“Entre los requisitos para hacer parte de la JEP era tener labor en derechos humanos y entonces por qué ahora se va a señalar como inhabilidad. La voz y los defensores de los derechos humanos siempre han tenido un apoyo importante en el plano internacional”, agregó Ortegón.
Por su parte, Patricia Linares Prieto, presidenta de la Justicia Especial de Paz, aseguró que “de acuerdo con la información disponible, y dado que las inhabilidades que aprobó el Senado para los magistrados de la JEP parecen darse a partir del ejercicio lícito de la profesión de abogado, esa disposición sería inconstitucional”, por lo que no pasaría el filtro de la Corte.
Académicos como David Suárez, de la Universidad Eafit, coincidieron en que lo establecido por el Senado es una norma que va en contravía a la Constitución, “que viola la igualdad, es discriminatoria y desproporcionada. Si bien el Congreso tiene la potestad de fijar requisitos, calidades o impedimentos, es claro que la Corte dijo que eso debe tener cierta racionalidad y proporcionalidad”.
Explicó el analista que en un país como Colombia con altos índices de violación de derechos humanos, son muchos los abogados que de alguna manera han trabajado en temas relacionados, “por eso creo que sería imposible conseguir 51 juristas con experiencia y trayectoria y que nunca hayan trabajando en este campo o que no estuvieran en contacto con casos sobre el conflicto o que en algún momento no hicieran comentarios sobre la guerra o Uribe y Santos”.
