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Cáceres conmueve al Defensor del Pueblo

El Bajo Cauca y el Sur de Córdoba están en jaque por la disputa de grupos armados y la ausencia institucional.

  • El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, recorrió el sábado el municipio de Cáceres. Los habitantes del Bajo Cauca sufren por el enfrentamiento entre grupos armados. FOTO CORTESÍA DEFENSORÍA
    El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, recorrió el sábado el municipio de Cáceres. Los habitantes del Bajo Cauca sufren por el enfrentamiento entre grupos armados. FOTO CORTESÍA DEFENSORÍA
25 de febrero de 2019
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De siete recorridos humanitarios que ha realizado el defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, su parada en Cáceres (Antioquia), este sábado, es la que más le ha conmovido y preocupado.

Un profesor del colegio le narró, con la voz entrecortada, cómo uno a uno de sus alumnos se han ido. La cobertura pasó de 2.300 a 1.300 estudiantes, varios han sido asesinados, otros han huido producto del enfrentamiento entre el Clan del Golfo, los Caparrapos y el Eln y otros muchos han sido reclutados.

“Se trata de niños de 11 años que dejaron los lápices por los fusiles. Los grupos armados no tienen ninguna consideración humana, es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y eso hay que pararlo”, lamentó el defensor.

Hoy Cáceres es un pueblo fantasma, los pocos habitantes que quedan ni siquiera se atrevieron a salir a recibirlo, como ocurre en todos los municipios a los que llega la Defensoría.

“Además del reclutamiento, los habitantes están confinados en sus propias casas y hay una completa falta de autoridad en esta zona”, expresó.

El recorrido humanitario

La Defensoría del Pueblo encabezó un recorrido humanitario de cuatro días por el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

La primera parada fue en San José de Uré (Córdoba), donde 243 familias han sido desplazadas, y hubo 24 homicidios en 2018, situación que ya había sido advertida por la entidad mediante las alertas tempranas 071 y 023.

En Montelíbano autoridades locales de ese municipio, de Puerto Libertador, Ayapel y La Apartada denunciaron que viven con zozobra debido a la disputa territorial que se da por la minería ilegal y los cultivos de coca y que ni siquiera pueden conseguir profesores para la zona rural por el miedo que ronda en la región.

A su paso por Bajo Cauca, el defensor se reunió con la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, la Coordinadora de Cultivadores coca, amapola y marihuana (COCCAM) y líderes comunales promotores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), quienes sufren el asesinato de sus líderes sociales, asunto que también le preocupa.

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