Con el doble atentado en Algeciras, que dejó sin servicio de agua a este municipio huilense, las Farc volvieron a infrigir el Derecho Internacional Humanitario y ya sobrepasan los 30 ataques en los últimos 15 días, tras el fin de su cese el fuego.
El temor de que la arremetida violenta de la guerrilla afectara a la población civil se hizo realidad como consecuencia de retaliación a la ofensiva militar y como medida de presión de una tregua bilateral en medio del proceso de paz.
Pero los más recientes ataques a bienes civiles protegidos fueron rechazados por 13 mil habitantes que sufrieron la interrupción del suministro de agua potable, que comenzó a restablecerse ayer.
La emergencia comenzó el sábado, cuando guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero Castro explotaron un artefacto que destruyó la planta de tratamiento de agua potable, el laboratorio de prueba y el motor eléctrico.
Eso ocurrió a las 4:30 de la mañana. Un cuatro horas después detonó una segunda carga explosiva a pocos metros del colegio Juan XXIII, que causó daños en una de las mallas de encerramiento de la institución.
El Ejército denunció que el atentado puso en riesgo a 300 estudiantes, mientras que el gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, cuestionó los ataques: “rechazo enérgicamente los últimos atentados contra infraestructura protegida por el Derecho Internacional Humanitario como la planta de tratamiento de aguas residuales y el colegio”.
Y denunció que “esos actos terroristas son de la peor barbarie por la afectación a la población civil”.
Según el Derecho Internacional Humanitario, que regula la confrontación en los conflictos, está prohibido atacar los “bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, en particular, los artículos alimenticios y las zonas agrícolas, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable”.
