Las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, también dejaron su estela de dolor y sangre en Antioquia.
Aunque hay procesos en los que avanzan las investigaciones, las organizaciones no gubernamentales (ONG) Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Corporación Jurídica Libertad (CJL) y Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), presentarán hoy en Bogotá, un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de que, al llevar a este sistema de justicia transicional, los casos se puedan resolver.
En el documento, conocido por EL COLOMBIANO en un resumen ejecutivo, las tres ONG hacen un repaso de cómo se configuraron las ejecuciones en Antioquia entre 2003-2004 y 2007-2008 en el oriente, el nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, “cometidas por agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, pertenecientes a las Brigadas IV y XIV, adscritas a la Primera y Séptima División del Ejército Nacional, respectivamente”.
Sergio Arboleda, abogado, defensor de derechos humanos e integrante ONG Corporación Jurídica Libertad, asegura que llevarán 152 casos perpetrados en el departamento y que, con esto, “estamos intentando es develar la responsabilidad de comandantes, en particular de Juan Carlos Barrera Jurado (en junio pasado pidió someterse a la JEP), comandante del batallón Bajes y de quienes hacían parte de la plana mayor del batallón”. Resaltó que de los 152, aún hay 49 sin identificar.
