Los congresistas del Pacto Histórico están analizando el borrador de una propuesta de reforma a la ley de medios que, en plata blanca, busca “democratizar” los canales de comunicación. La iniciativa, cuya autoría aún se la pelotean entre los legisladores de la coalición oficialista, este jueves será objeto del primer examen: una reunión de la bancada en el Congreso para difundir las bases de la proposición y conseguir quién sea el ponente de la iniciativa.
La idea está en pañales, pero ya se redactaron seis artículos que se ajustarían de la normativa actual que regula el funcionamiento de los medios de comunicación en Colombia –privados, públicos y comunitarios–, el espectro electromagnético y las partidas de presupuesto que destinan las entidades públicas para pautar en esos espacios.
El tema comenzó a prepararse en julio, cuando las asociaciones de medios comunitarios y alternativos tocaron la puerta de los congresistas para presentarles la proposición. Esos voceros apostaron por tocar la puerta de legisladores del Polo, la Alianza Verde, el Partido Comunes, el Pacto y otras fuerzas de izquierda del hemiciclo hasta conseguir una manifestación de apoyo de 22 congresistas.
Fue a ellos a quienes les presentaron el borrador, que por ahora tiene apenas dos páginas escritas en un documento de Word y que han difundido a través de medios comunitarios y alternativas.
EL COLOMBIANO se contactó con 15 de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas que esas asociaciones presentan como promotores de la iniciativa, pero estas afirmaron tener poco conocimiento del contenido del articulado que se pondría en debate. Incluso, optaron por esperar hasta el encuentro de este jueves –que se llevará a cabo en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio– para pronunciarse sobre la iniciativa.
Quienes citan a la reunión son el senador campesino Robert Daza y los representantes del Pacto Histórico Eduard Sarmiento y José Alberto Tejada. Al ser un tema relacionado con las comunicaciones se tramitaría por las comisiones Sextas del Congreso. Sin embargo, desde una de esas UTL aseguraron que están haciendo comentarios al texto para definir qué alcance tendría para la libertad de expresión.
Por ahora los abogados del Congreso están mirando letra por letra la proposición que haría el articulado. Es más, este diario conoció que se está analizando si el texto tendría temas que toquen la libertad de expresión porque, de ser así, tendría que pasar a las comisiones primeras al tratarse de un asunto constitucional que toca un derecho que ya está amparado en la carta magna. Todo está en veremos.
Esto propondría el proyecto de ley de medios
En principio, lo que se traza es una ley de medios y de accesibilidad al internet que tendría como objeto fortalecer los sistemas de comunicación comunitarios y alternativos, además de implantar lo que describen como una democracia informativa. En palabras textuales de los citantes: democratizar los medios, un discurso que ya ha aplicado el gobierno de Gustavo Petro para otros asuntos como el acceso a la tierra.
Partiendo de esa premisa, el borrador plantea una reasignación del espectro electromagnético para que este tenga igual participación de los medios institucionales, públicos y privados. La meta es que los primeros de esa lista –los comunitarios y alternativos– tengan el 33,3% de las frecuencias que tiene el país en todas sus entidades territoriales.
El porcentaje, aunque suena equitativo, plantea un revolcón a las capacidades de transmisión del resto de actores pues una buena partida de ese espectro está en poder de las empresas de radio y televisión privadas.
Una de las premisas del boceto es lograr la “democratización de los gastos de divulgación y de publicidad de la gestión pública”, lo que en términos sencillos significa que todas las entidades públicas tendrían que distribuir los dineros que utilizan para la publicidad de manera igualitaria entre todos los tipos de medios en los que pueden pautar.
Esto significa que, para los comunitarios y alternativos, debe designarse el 33,3% de los recursos, independientemente de su alcance en audiencias, otro 33,3% para los públicos y otro 33,3% para los privados.
Hay otro punto que toca directamente a los privados. La meta de la iniciativa es que las plataformas que prestan servicios de televisión por demanda –o sea, sistemas como Netflix, Amazon Prime, HBO o DirecTV– paguen un impuesto del 1o% de sus ingresos mensuales brutos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Es más, ese croquis que entregaron las asociaciones comunitarias a la bancada del Pacto Histórico se mete con un tema tan espinoso como la venta acciones de las empresas público y privadas de telecomunicaciones, tales como ETB, EmCali o las antioqueñas EPM y UNE (ver Paréntesis).
Sobre esas dos compañías plantea que el Estado tendría que recomprar las acciones de esas compañías que se vendieron a los privados. Ese es un tema que genera asperezas en la opinión pública, sobre todo en un contexto en el que el Concejo de Medellín está votando si se vende, o no, la participación pública que aún tiene la Alcaldía de Medellín en esas compañías. ¿De dónde saldría un billón de pesos para cumplir esa promesa?
Si esa pretensión se convierte en proyecto de ley, Colombia estaría tramitando su segunda ley de medios en menos de cuatro años. En julio de 2019 el expresidente Iván Duque sancionó un articulado sobre el sector que liquidó la Agencia Nacional de Televisión (ANTV) para crear una Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) con la promesa de modernizar el sector y otorgar incentivos a los operadores de internet para que mejoraran su infraestructura en las zonas más alejadas del país.
Por ahora solo hay rayones sobre esa iniciativa y será la bancada del Pacto Histórico la que determine si la convierten en un proyecto de ley más a tramitar en el Congreso
