Un juez ordenó restituir en total 2.143 hectáreas de tierra a la comunidad emberá katío del resguardo Jaidukamá, en el municipio de Ituango, norte antioqueño, la cual ha resultado afectada por el conflicto armado.
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La sentencia judicial al respecto fue notificada mediante un acto público que tuvo lugar este jueves 10 de julio con la presencia de directivos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Unidad para atención integral de las Víctimas en este departamento, así como de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otras.
Los indígenas emberá katío eyábida (término que significa “habitantes de la montaña”) sufrieron asesinatos de familiares, muertes por minas antipersonal, desplazamientos forzados, secuestros, confinamientos, pérdida de bienes y amenazas.
Estas afectaciones se dieron durante casi 25 años de confrontaciones violentas entre la guerrilla de las Farc y grupos paramilitares, dejando fuertes consecuencias negativas en el aspecto social, económico y cultural en las comunidades campesinas e indígenas de la zona. En los últimos años se han dado igualmente intimidaciones de parte de nuevos grupos y disidencias que hacen presencia en el norte de Antioquia.
El resguardo Jaidukamá está conformado por casi 500 familias que habitan en un área alejada del casco urbano de Ituango y que ahora deberán ser objeto de una acción coordinada del Estado, al haber sido determinados como sujetos de reparación colectiva por los daños que como comunidad han padecido en su organización social, su territorio y su cultura.
“Nos complace estar en los territorios, tejiendo la palabra, y acompañar a las comunidades en su proceso de proteger la vida y la cultura; en donde las instituciones nos comprometamos a garantizar la reparación y la restitución de sus derechos, que han sido afectados por el conflicto en la historia del país”, señaló Giovani Yule, director general de la URT.
Las acciones de reparación deberán ser concertadas y plasmadas en un plan que debe contemplar por ejemplo mejoramiento de sus viviendas, salud, educación, seguridad alimentaria y proyectos productivos.
“Para la Unidad de víctimas es muy importante acompañar esta sentencia, además del cumplimiento que también nos compete, porque la comunidad indígena Jaidecumá es un sujeto de reparación colectiva”, dijo en el acto de notificación la directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo, quien destacó la articulación del Gobierno Nacional para lograr “una verdadera transformación territorial y la reparación integral de las víctimas”.
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La funcionaria añadió que en el mes de agosto habrá una nueva visita en la que estarán otras entidades diferentes a las que asistieron al acto de este jueves, con el fin de llevar toda la oferta institucional al mencionado resguardo.
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