Así lo confirmó el abogado Gustavo Moreno, quien es apoderado de Pinilla.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Olmedo López, exdirector de esa entidad, procesados por el escándalo de corrupción en la UNGRD, deberán ser trasladados a la cárcel La Picota por orden del Inpec.
Así lo confirmó el abogado Gustavo Moreno, quien representa a Pinilla, a través de un mensaje en X.
Moreno pidió al Inpec dejar sin efectos la orden de traslado y advirtió que existe una decisión judicial vigente que establece que su representado debe permanecer en un centro de reclusión militar.
“Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, señaló Moreno en un pronunciamiento publicado en X.
El abogado también recordó que Pinilla es un testigo que decidió colaborar con la justicia y sostuvo que “su vida e integridad deben ser protegidas”.
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En ese sentido, afirmó que las garantías otorgadas dentro del proceso de cooperación deben mantenerse vigentes.
“No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia”, concluyó Moreno.
Entre los traslados ordenados también está el de Jorge Armando Torres Reyes, procesado por los delitos de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir.
Torres será trasladado desde el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública del Ejército Nacional (perteneciente al Batallón de Artillería N.º 13 en Bogotá) hacia La Picota.
Torres Reyes, conocido con el alias de Viejo, es procesado por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico y modificación de material bélico.
Según las investigaciones de la Fiscalía, la organización se habría encargado de sustraer armas y municiones de depósitos oficiales de la Fuerza Pública para posteriormente ponerlas a disposición de estructuras delictivas.
De acuerdo con la investigación, esta persona era propietario de un almacén de artículos militares que habría sido utilizado como una supuesta fachada para las actividades ilegales de la organización.
Desde allí, presuntamente se articulaba con integrantes activos y retirados del Ejército y la Policía para recibir armas y cartuchos que habrían sido extraídos de instalaciones oficiales.
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La Fiscalía señala que su papel dentro de la estructura también habría estado relacionado con la comercialización y modificación ilegal de armamento, entre este pistolas, revólveres, rifles y accesorios de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La investigación además identificó supuestas coordinaciones con contactos en la Industria Militar (Indumil) para facilitar la salida irregular de armamento y la expedición de licencias.
La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Torres Reyes no aceptó los cargos durante las audiencias concentradas.
El hombre fue capturado en mayo de 2025, durante un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía que incluyó allanamientos en Bogotá y Zipaquirá, Cundinamarca. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
En otro de los casos, Jairo Rueda García, condenado a 13 años de prisión por actos sexuales con menor de 14 años, será trasladado hasta el establecimiento penitenciario La Paz, en Itagüí.
El documento del Inpec establece que los traslados no serán un procedimiento ordinario. De acuerdo con el texto, los movimientos deberán realizarse “bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo logístico e intervención de la Fuerza Pública.
La medida, según la resolución, busca salvaguardar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad y prevenir eventuales “fugas, rescates, atentados o la causación de novedad alguna”.
La orden fue emitida tras una solicitud de la Dirección de Custodia y Vigilancia del Inpec para reubicar a los internos en establecimientos que ofrezcan mayores condiciones de seguridad, teniendo en cuenta su caracterización y conducta.
La resolución 008041, fechada este 6 de octubre y firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, dispone así el traslado inmediato de los cuatro internos a los establecimientos definidos por la autoridad penitenciaria.
Estas órdenes de traslados ocurren en un contexto reciente de actuaciones en el caso UNGRD. El pasado 4 de octubre, la revista Cambio reconstruyó, a partir de chats, llamadas y datos de ubicación, una supuesta ruta de los $5.000 millones que habrían sido entregados como parte de la trama de corrupción relacionada con los carrotanques.
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Según esa reconstrucción, Sneyder Pinilla habría pactado el pago con el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘el Pastuso’, el 29 de diciembre de 2023.
Los recursos habrían sido entregados por partes durante los primeros días de enero de 2024, mientras Pinilla coordinaba con Juan Camilo Llanos la recepción del dinero.
Dentro de esa reconstrucción aparece el 9 de enero de 2024 como una fecha clave. Según el medio, Pinilla le escribió a su pareja que tenía que “entregar $” y posteriormente viajó a Bogotá.
Los registros de ubicación analizados por ese medio lo ubicarían luego en el apartamento de la abogada Irma Solangel Torres, cercana al entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández.
La investigación periodística sostiene, además, que Olmedo López habría recibido de Fernández los datos del apartamento de Torres y posteriormente se los habría enviado a Pinilla, incluyendo información sobre la dirección, la torre y el número del apartamento.
Estos elementos, sin embargo, no permiten por sí solos establecer que en ese lugar se hubiera entregado dinero ni cuál habría sido el propósito de una eventual entrega.
Cambio también puso bajo cuestionamiento la versión entregada por Pinilla a la justicia sobre el destino de $4.000 millones.
El exsubdirector de la UNGRD ha sostenido que utilizó dinero proveniente de la coima de los carrotanques para pagarle al supuesto prestamista Pedro Castro, quien le habría entregado esa suma en efectivo en octubre de 2023 para, a su vez, sobornar a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
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De acuerdo con esa versión, Castro habría recuperado posteriormente el dinero. Sin embargo, Cambio cruzó las versiones de Pinilla y Castro con registros de ubicación y encontró una posible inconsistencia respecto del supuesto encuentro en el que se habría producido la devolución del dinero.
El medio también señaló que la extracción forense de los teléfonos incorporada al expediente no encontró conversaciones entre ambos correspondientes a octubre de 2023 o enero de 2024, sino comunicaciones que aparecen desde agosto de 2024.
Ese episodio está relacionado con una investigación publicada por EL COLOMBIANO el 25 de septiembre, en la que se reveló que una denuncia por presunto falso testimonio contra Pedro Castro permanece sin avanzar.
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La defensa de Castro ha sostenido que el supuesto préstamo de $4.000 millones pudo haber sido una construcción destinada a darle apariencia de legitimidad a la ruta del dinero.
Esta hipótesis, no obstante, corresponde a la postura de su defensa y no a una conclusión judicial. Pinilla respondió el 5 de octubre a las revelaciones sobre los chats que lo relacionan con el entorno de Vladimir Fernández.
En una carta, sostuvo que únicamente puede referirse a aquello que le consta y negó conocer personalmente al hoy magistrado de la Corte Constitucional o haberle entregado dinero a la abogada Irma Solangel Torres.
Uno de los elementos más relevantes de su respuesta es que Pinilla reconoció haber eliminado conversaciones. Según explicó, ya había contado ante la justicia que borró varios chats, entre ellos conversaciones relacionadas con Luis Eduardo López Rosero, ‘el Pastuso’.
También señaló que durante esa época utilizaba otros dos teléfonos y que posteriormente los destruyó, cuando comenzó el escándalo y antes de decidir colaborar con la justicia.
La explicación abre un frente probatorio sobre la información que puede ser reconstruida a partir de evidencia digital y aquella que pudo haberse perdido por la eliminación de conversaciones o la destrucción de dispositivos.
En ese contexto, los registros de ubicación, las conversaciones recuperadas y las declaraciones de los involucrados adquieren especial importancia para establecer qué hechos pueden ser corroborados y cuáles permanecen únicamente como versiones.
En su respuesta, Pinilla también mantuvo su versión sobre la participación de Olmedo López en el entramado de corrupción.
El exsubdirector reiteró que participó en la entrega de dinero destinada a sobornar a personas con poder y que actuó siguiendo instrucciones de quien entonces era su jefe en la UNGRD.
En particular, ratificó ante la justicia su participación en hechos relacionados con los recursos entregados a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Mientras tanto, Olmedo López continúa colaborando con la Fiscalía. En agosto, un juez prorrogó durante un año su principio de oportunidad, lo que permite que siga actuando como testigo dentro de los procesos contra otros involucrados en el entramado de corrupción.
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López había aceptado nuevamente cargos en junio por peculado por apropiación y concierto para delinquir, después de que anteriores acuerdos con la Fiscalía fueran rechazados por distintos jueces. En esa audiencia reiteró su disposición a aportar información y pruebas sobre el caso. Pinilla también mantiene vigente su principio de oportunidad.
En agosto, un juez lo prorrogó por un año y la Fiscalía señaló que continuará compareciendo como testigo de cargo en 18 procesos penales contra 23 personas vinculadas con las investigaciones.
Pinilla, además, ya fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Según el ente acusador, el exfuncionario reintegró $618 millones correspondientes a dineros recibidos como dádivas. Otro de los movimientos recientes en el caso ocurrió el 1 de octubre, cuando la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 25 activos relacionados con seis de los investigados por el entramado de corrupción.
Se trata de 19 inmuebles y seis sociedades, cuyo valor preliminar se acerca a los $20.000 millones. Entre los afectados están Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de Iván Name, Andrés Calle, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Rodríguez Melo.
En el caso de Pinilla, entre los bienes afectados aparece un inmueble ubicado en Sabana de Torres, Santander, mientras que en el caso de López figura un inmueble en Medellín. Las medidas incluyen suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
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A esto se suman dos fallos de responsabilidad fiscal emitidos en agosto por la Contraloría, por más de $24.000 millones, contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y otros involucrados por irregularidades relacionadas con la adquisición de los carrotanques para La Guajira.
La propia Contraloría explicó que parte de los recursos ya habían sido recuperados mediante los acuerdos alcanzados con la Fiscalía, por lo que el monto de responsabilidad fiscal no equivale necesariamente al total del detrimento inicialmente investigado.
Olmedo López y Sneyder Pinilla también enfrentan otros frentes diferentes al caso de los carrotanques.
En julio, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra ambos y contra el exsubdirector Víctor Andrés Meza por un contrato de $5.000 millones relacionado con servicios logísticos para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña de 2022. Las nuevas revelaciones también derivaron en una denuncia contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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