Quedan cuatro días para que comience a regir la Ley de Garantías y con ella la restricción para que las entidades territoriales puedan realizar convenios interadministrativos para desarrollar proyectos en sus regiones.
Esta restricción podría poner en riesgo al menos 480 proyectos que aún no cuentan con estos requisitos legales, arrancando por los que involucran directamente a la capital del país, como la primera línea del metro, que tiene un costo de $12,9 billones.
También entran en estas cuentas las fases II y III del Transmilenio en Soacha, con un valor estimado de $615.000 millones, junto con el Regiotram, por $1,5 billones y que ya solo está pendiente del convenio.
Sin embargo, la lista es larga y muchas de las otras obras corresponden a proyectos locales y departamentales que han sido aprobados o viabilizados financieramente en los últimos días, como los que se harán con recursos que dejó la venta de Isagen y obras del Departamento de Prosperidad Social, entre otras.
La restricción que comienza a aplicarse el próximo sábado, como explicó Liliana Caballero, directora de Función Pública, limita a “los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas para celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos, independientemente de la naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra entidad contratante”.
En el caso de los tres proyectos mencionados, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que la próxima semana se hará la firma del convenio del metro, al que solo le falta la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
La gran mayoría de estas obras corresponde a 416 proyectos que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Política Social y Económica (Conpes), que están enfocados a intervenciones en 326 municipios, suman $813.000 millones y serán desarrollados por el DPS.
Aunque el Gobierno ha garantizado dejar listas la mayoría de estas obras, al menos las que corresponden al nivel nacional, José Roberto Acosta, profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), expresó que hay un afán por gastar recursos y no dejar margen para 2018.
“Estoy de acuerdo en incrementar el gasto público, porque el sector privado no levanta cabeza, pero están restringiendo maniobra en 2018, se gastan toda la pólvora y no dejan nada”, expresó Acosta.
Las otras obras que quedaron financiadas a la espera de que las alcaldías radiquen los acuerdos son las correspondientes a 10% de la venta de Isagen: son $649.067 millones que irán a 51 proyectos, la mayoría (39) para transporte y vías, aunque cuentan también obras para turismo, Coldeportes, salud y agricultura.
Si se cumple el cronograma del Gobierno, esta semana veremos una lluvia de convenios firmados, para evitar que se queden proyectos para 2018.
¿Qué tanto se afecta la contratación?
La Ley de Garantías Electorales deja, en promedio, una contracción de 25% en la contratación pública durante su vigencia en periodos electorales. Y es que las distorsiones en contratación son evidentes en estos años. Los procesos directos (nómina estatal), que quedarán restringidos a partir del 27 de enero del otro año, de acuerdo con la circular que expidió el Gobierno, son los más afectados. Según Colombia Compra Eficiente, durante el primer semestre de 2014, periodo que estuvo atado a la Ley de Garantías, se ejecutaron $21 billones a través de 238.339 contratos directos, mientras que en 2015, ya sin la Ley, este monto se incrementó hasta $25 billones.
