Genera preocupación una de las últimas resoluciones de la Superintendencia de Notariado y Registro por la falta de transparencia y el limitado acceso a la información pública. En abril de 2023, la entidad emitió la resolución 3915 que ha agregado un proceso burocrático que ralentiza el acceso a la información pública, lo que ha generado múltiples críticas.
De acuerdo con el documento quien requiera estos documentos debe tramitar una petición y posteriormente recibir la autorización de la Supernotariado, con el agravante de que el acceso, que hasta ahora ha sido universal, quedaría restringido solo a personas que provengan de los sectores inmobiliario, construcción y avaluadores de bienes raíces. Para acreditar esa condición deben presentar RUT y certificado de cajas de compensación.
Sin embargo, el problema no se queda ahí. En este momento, el acceso a la información pública en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro está restringido. Los ciudadanos que intentan obtener información a través de esta vía se encuentran con un mensaje que dice “Se encuentra en mantenimiento” sin dar mayores explicaciones ni una fecha de cuándo se restablecerá el servicio.
Con ello, se deja por fuera a periodistas y población general. Esto constituiría una cortapiza para investigaciones acerca por ejemplo de los bienes adquiridos mediante operaciones ilegales, como narcotráfico o corrupción.
Para entender la gravedad del asunto vale la pena recordar como el uso de esa herramienta le permitió en el pasado a un medio de comunicación nacional mirar la trazabilidad en los propietarios de la hacienda Torrealta, entre El Retiro y Rionegro, que fue de paramitares y narcotraficantes para terminar en manos del ex gobernador Luis Pérez. Las sombras sobre esa procedencia llevaron a la Fiscalía a extinguirle al político el dominio de este bien que valdría más 75.000 millones de pesos.
El acceso a matrículas inmobiliarias facilita el control político y muchas veces pone en evidencia la corrupción, si la hay.
Ante esta situación, algunos ciudadanos han intentado contactar al servicio al cliente de la Superintendencia de Notariado y Registro para obtener información, pero las respuestas obtenidas han sido vagas y evasivas. Primero el personal dijo que el servicio se encontraba “en mantenimiento”. Segundo, se informó que la página web estaba “deshabilitada temporalmente” por ajustes. Aún no hay respuesta oficial o comunicado donde indiquen las razones de la eliminación de la consulta general en la página web.
No queda claro que ocurre con la plataforma de consulta que funcionaba con normalidad.
Estas respuestas no satisfacen a los ciudadanos, quienes se sienten limitados en su derecho a acceder a la información pública. Es importante recordar que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en una democracia, y que el acceso a la información pública es una herramienta clave para que la ciudadanía pueda fiscalizar el accionar de las entidades del Estado y sus funcionarios.
Es necesario que las autoridades competentes tomen medidas para garantizar el acceso a la información pública y la libertad de expresión. Asimismo, es importante que se investigue la situación actual de la Superintendencia de Notariado y Registro para determinar si hay intenciones de limitar estos derechos fundamentales. La ciudadanía tiene el derecho de conocer la gestión de las entidades del Estado, y ninguna entidad puede limitar este derecho sin justificación alguna.
Por otro lado, esta restricción estropea el proceso que viene cumpliendo el Gobierno en paralelo, que es la restitución de tierras. Reclamantes, abogados y organización civil que se encuentren en tratamientos jurídicos o de indagación para rescatar su propiedad se verá imposibilitado de hacerlo.
EL COLOMBIANO se comunicó con la Superintendencia de Notariado y Registro a la espera de una respuesta, pero no ha dado mayor pronunciamiento.*
NOTA: Tras publicar esta queja, la Supernotariado contestó que todo se debió a problemas técnicos que ya se encuentran resueltos.
Efectivamente, este diario constató que ya era posible ingresar a la mencionada página web; sin embargo, el comunicado no responde por el contenido de la Resolución 3915 y si esta fue derogada o se mantienen vigentes las restricciones que ella plantea para la consulta. Al tratar de obtener la respuesta por parte de voceros de la entidad, pidieron enviar un cuestionario por correo y ofrecieron contestarlo el lunes.
¿Quién es el superintendente?
El actual superintendente es Rooselvet Rodríguez, designado en septiembre de 2022. Quién fue congresista por el Partido de la U. En 2018 la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar por recibir cupos indicativos del Gobierno en el caso de la “mermelada” en el Congreso.
El medio Cuestión Pública, denuncio que miembros de su familia y aportantes de campaña durante su periodo como congresista recibieron $233 mil millones en contratos públicos.
