El gobierno colombiano justificó este miércoles una operación militar en la que, según pobladores y organizaciones de derechos humanos, murieron civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, tachándola de “legítima”.
Fiel a la versión del ejército, el ministro de Defensa, Diego Molano, defendió el operativo que dejó once muertos, señalando que las tropas actuaron siguiendo “protocolos nacionales e internacionales”.
“Se trata de una operación legítima porque fue planeada por más de cinco meses con información de inteligencia”, declaró a los medios Molano, rodeado de la cúpula militar.
La organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) y la Defensoría del Pueblo denunciaron la muerte de un gobernador indígena y de tres pobladores en la incursión militar del 28 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo (sur).
El ejército aseguró que abatió a disidentes de las Farc que operan en esa población, fronteriza con Perú y Ecuador. El martes, el presidente Iván Duque insistió en que se trató de un “objetivo legítimo”.
Según el ministro, los supuestos guerrilleros estaban “amedrentando y desarrollando acciones criminales y narcotraficantes” en ese municipio, que tiene “más de 22.000 hectáreas” sembradas de hoja de coca.
En el primer parte oficial, Molano también anunció las capturas de otros cuatro combatientes heridos en enfrentamientos.
Sin embargo, el investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, señaló en Twitter que “la verdad” no habían sido detenidos. “Los cuatro heridos fueron llevados a una clínica. Nunca se les hizo un procedimiento de captura. Tres ya tienen el alta médica y están todos libres”, señaló el vocero de la ONG.
De hecho, a través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que la unidad a cargo de la operación “no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”. A pesar de esto, Molano no se refirió nuevamente a las detenciones.
La operación en Puerto Leguízamo removió las heridas de los “falsos positivos”, como se conoce al mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia en el que al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008.
“Lo que hizo el ejército fue una masacre”, dijo a la AFP Argemiro Hernández, padre de una de las víctimas. Según su versión, su hijo era un campesino y líder comunitario que estaba en una fiesta.
Sin un mando unificado, los grupos disidentes suman unos 2.500 combatientes, según el centro de estudios independiente Indepaz.
