Predios extensos, apartamentos lujosos, yates, fincas y otros bienes, han sido ocupados como castigo en polémicos casos de corrupción en Colombia que han llevado a la cárcel a ricos, políticos y contratistas como Alex Saab, Otto Bula, Alejandro Lyons y otros tristemente famosos.
Muchos de estos bienes aún no han logrado ser vendidos o se encuentran en ese proceso en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de su administración.
Al inventario de esta entidad llegan constantemente todo tipo de bienes que se toman en procesos de extinción de dominio relacionados con narcotráfico, lavado de activos, entre otros delitos, y además es la receptora de los inmuebles que se le arrebatan a los corruptos envueltos en escándalos como Odebrecht, el Cartel de la Hemofilia, Interbolsa o el Carrusel de la Contratación, por lo que la entidad acumula 23.000 inmuebles en todo el país, con 1.700 sociedades.
Entre ellos, la SAE administra 4.500 activos con extinción de dominio que alcanzan un valor catastral y patrimonial de 1,8 billones de pesos. En lo corrido del 2021, han recibido 1.790 activos por diferentes delitos, que se encuentran en proceso de valoración comercial.
El estado de algunos de esos bienes está reservado en procesos judiciales sin conclusión, pero hay otros que no pueden escapar a la atención pública, debido a lo mediático de los procesos. Es lo que ha ocurrido con los bienes del controvertido empresario barranquillero Álex Saab, preso en Miami luego de ser extraditado desde Cabo Verde, el pasado 16 de octubre.
A Saab, capturado en África el 12 de junio de 2020, la Fiscalía colombiana le impuso medidas cautelares sobre seis de sus propiedades en octubre del 2020, entre los que se encuentra un lujoso apartamento en Barranquilla. Los bienes ocupados por la Fiscalía en dos etapas diferentes, están avaluados en 38.000 millones de pesos y se encuentran arrendados por la SAE, ya que no han salido a la venta.
Al exsenador Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht, le ocuparon en el año 2017, 34 inmuebles, cinco vehículos y dos sociedades avaluadas en 53.000 millones de pesos, que estaban a su nombre y de presuntos testaferros. Casi cuatro años después, la SAE reporta que vendió una casa ubicada en el centro histórico de Cartagena, en 5 mil millones de pesos, pero los demás bienes se encuentran arrendados y otros en alistamiento para venta.
Caso distinto a los inmuebles ocupados al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, involucrado en el Cartel de la Hemofilia, el Cartel de la Toga, el desfalco a su departamento, entre otros, cuyos bienes ocupados en el 2018 no han salido a la venta, algunos están en arrendamiento. La Fiscalía le ha ocupado 22 inmuebles en Córdoba y Sucre, entre los que se encuentra una cabaña en Coveñas, que aparecía a nombre del papá de ‘El Ñoño’ Elías, pero que realmente era de Lyons, quien permanece detenido en Miami mientras se espera por su extradición a Colombia.
Aunque en los procesos de extinción de dominio en casos de corrupción se ocupan bienes millonarios, la lentitud de los procesos conllevan a que estos activos se deterioren y pierdan valor con los años. Para Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, el Estado difícilmente queda bien reparado y “a veces sale a deber cuando no logra la extinción al final de todo el proceso, debiendo indemnizar a los propietarios por su mala administración”.
En otros casos no se percibe la acción de la justicia, ya que los corruptos siguen controlando sus activos o no cambian sus conductas. A Emilio Tapia, por ejemplo, en 2014 le ocuparon 24 bienes avaluados en 40.633 millones de pesos por su relación en el Carrusel de la Contratación. Sin embargo, este año su nombre apareció en el escándalo del contrato asignado por el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, investigado por múltiples irregularidades, y por el que están rastreando el paradero de un anticipo de 70 mil millones de pesos.
“La extinción de dominio no puede evitar que alguien delinca o lo vuelva a hacer, tal como lo hizo Emilo Tapia. Pero sí tiene que garantizar que los crímenes sean castigados de forma implacable y que la reincidencia sea sancionada de forma drástica”, puntualiza Enciso.
Para el analista de la universidad Javeriana, Andrés Felipe Galindo, “si la justicia y los entes de control actuaran con contundencia, diría que la extinción de dominio es ejemplarizante. En las condiciones actuales no lo es”
