Para cerca de 30 generales retirados representados por Acore, la aplicación del Estatuto de Roma (instrumento que establece los delitos, infracciones y responsabilidad cometidas en un conflicto armado) sigue siendo un dolor de cabeza.
Aunque lograron que el Gobierno se retractara de incluir el Artículo 28 del Estatuto en el acuerdo, mediante una fe de erratas, temen que como quede el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz se mantengan las consideraciones de responsabilidad por línea de mando.
Para el general Jaime Ruiz, presidente de Acore, es claro que hay intereses desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de “meter a como dé lugar” la responsabilidad de mando, y no puede olvidarse que “la jurisdicción interna está por encima de la internacional”.
Dice Acore que la Corte Constitucional definió que el Artículo 28, que establece que los jefes militares de los ejércitos oficiales y de los irregulares son responsables de los delitos cometidos por sus subalternos si hubieran tenido conocimiento de ello o si hubieran podido tenerlo, no entraría en el bloque de constitucionalidad.
Sin embargo, Raúl Eduardo Sánchez, primer colombiano miembro del grupo de abogados de la Corte Penal Internacional, asegura que Acore miente.
La Corte dejó en firme el Artículo 28 en la Sentencia 578 de 2002, lo que quiere decir que aplica por encima de lo que haga la justicia colombiana. “Si la justicia no investiga, condena y castiga la responsabilidad de mando sería jurisprudencia de la Corte Penal Internacional”, sentenció.
Incluso esa responsabilidad de mando cobija a autoridades civiles, como el Ministro de Defensa y el Presidente de la República, que por Constitución, tienen el mando directo de la Fuerza Pública.
