El Gobierno Nacional anunció un paquete de 25 medidas urgentes que implementará en el departamento del Guaviare para enfrentar la crisis social que viven las comunidades indígenas de ese territorio.
Además de los recientes escándalos por múltiples violaciones a los derechos humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, reveló que hay un total de 587 casos de abuso sexual contra menores de edad registrados entre 2019 y 2022.
De ese total, el año pasado se presentaron 143 casos; en 2021, 174; en 2020, 120 y en 2019, 150. Lo que muestra una tendencia constante de esas altas cifras para un departamento como Guaviare, que es el menos poblado de toda Colombia con un poco más de 117.000 habitantes, según el Dane.
Tal como lo anunció la Casa de Nariño, luego de la visita que realizó al Guaviare una comisión especial del ICBF y la Presidencia de la República, el Gobierno inició procesos de revisión disciplinaria en la regional Guaviare del ICBF por una posible omisión de responsabilidades.
De igual forma, se hará una investigación en el Ministerio de Defensa para determinar la evolución de los casos de violencia sexual que involucran a miembros de las Fuerzas Militares de Colombia.
Según el informe del Instituto de Bienestar Familiar, tres de los 587 casos tienen relación directa con militares, por lo que tendrán una investigación especial.
Otro punto clave es que el Gobierno ordenó la creación inmediata de dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de Familia del ICBF del Guaviare: una de ellas de atención a la población indígena del territorio y la otra especializada en violencias basadas en género.
Para dicho fin, la Presidencia estableció un plazo máximo de dos meses en que ambas sedes deberán estar funcionando.
“También se aumentará la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia en el departamento del Guaviare y el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá la misión, ente otras cosas, de adelantar la construcción de un plan de acompañamiento efectivo de las violencias que se presenten en el territorio”, concluyó el Gobierno.
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Pero las problemáticas que azotan a las comunidades indígenas del Guaviare van mucho más allá de esos casos de violencia sexual que encendieron las alarmas de los medios de comunicación y la opinión pública en las últimas semanas.
Datos de la Defensoría del Pueblo demuestran que solo el año pasado se instauraron 300 acciones de protección de derechos relacionadas con problemas para acceder a la salud, reubicación de comunidades desplazadas y desnutrición.
La Personería Municipal de San José del Guaviare también denunció menores en condición de calle, explotación sexual, medicinad y consumo de sustancias psicoactivas que, en muchas ocasiones, “son usadas para calmar el hambre”.
