El director del Instituto advirtió que la entrega de información como los informes de necropsia solo puede realizarse mediante orden judicial.
En sus declaraciones durante los Consejos de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanza dardos contra distintas instituciones del país y, más que un espacio informativo, el escenario termina siendo de señalamientos y juicios.
En su más reciente intervención, hizo afirmaciones sobre el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el manejo que le ha dado a la información sobre la muerte del menor Kevin Acosta en Huila, el niño hemofílico que murió esperando medicamentos.
“Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe. No lo entregan al público, ni al Gobierno, ni a la familia, que aún no sabe realmente de qué murió. Y me pueden demandar, pero esto es un manejo político de la muerte, porque hoy no existe una prueba que demuestre que fue culpa de la nueva EPS; incluso, es muy probable que no haya muerto por eso”, afirmó el mandatario.
Las declaraciones del jefe de Estado generaron controversia inmediata, pues apuntaban a un supuesto ocultamiento del informe forense y a una posible intervención de la Fiscalía General de la Nación para impedir su divulgación.
Ante ese contexto, el Instituto emitió un pronunciamiento en el que desmintió esa versión y explicó el marco legal que regula su actuación. “El Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, señaló el doctor Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal.
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El médico reconstruyó la cronología del caso, dejando claro que sí atendió solicitudes formales del Gobierno, pero dentro de los límites que establece la ley. “El 4 de marzo llegó un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social, solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta Pico, a lo que el Instituto dio respuesta siguiendo el ordenamiento jurídico”.
Además, precisó que la controversia escaló a instancias judiciales: “El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición”. Sin embargo, dicha acción no prosperó: “El 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social”.
Frente a los señalamientos del presidente, el director de la entidad, evitó entrar en una confrontación política y reiteró el alcance de las funciones institucionales: “Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.
El fallecimiento de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia severa tipo A, desató una controversia nacional tras denuncias de negligencia por parte de la Nueva EPS, la cual presuntamente dejó de suministrarle el medicamento vital Emicizumab desde diciembre de 2025.
El menor falleció el pasado 13 de febrero de 2026 en Bogotá luego de ser trasladado desde el Huila tras sufrir un trauma craneoencefálico al caer de una bicicleta; un accidente que, según su familia y la Procuraduría, resultó fatal debido a la falta de tratamiento previo que garantizara su estabilidad clínica.
Mientras el Gobierno nacional y la entidad intervenida atribuyeron el deceso al impacto de la caída, el ente de control concluyó que la desatención y la falta de fármacos esenciales pusieron al menor en una situación de vulnerabilidad extrema.
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